El alcalde de Cerceda, José García Liñares, se aferra al cargo tras la sentencia que le inhabilita a ejercer cualquier cargo público durante ocho años por un delito de prevaricación administrativa en la contratación de las obras del botánico de O Acevedo. Así de claro lo ha dejado esta mañana en la celebración de un pleno extraordinario, que él mismo convocó y presidió, para aprobar la solicitud de un préstamo bancario de 2,6 millones de euros para ejecutar varias obras. El regidor asegura que la sentencia del juzgado, que es recurrible, es "anticonstitucional total" y que su salida de la Corporación local deberá esperar a "cuando hablen los tribunales".
Los grupos de la oposición, PP y BNG, reclamaron a Liñares que cumpla la Ley de Régimen Electoral, que considera incompatible con la condición de concejal la condena por sentencia, "aunque no sea firme", por delitos contra la Administración Pública. El alcalde respondió que los residentes le han dado su respaldo en las elecciones. "Estoy en el puesto en el que me eligieron los vecinos para estar en él. Son ustedes los que antidemocráticamente me quieren echar con una sentencia que no es firme", aseguró.
García Liñares sostuvo que no tiene que cesar “porque haya una sentencia que es recurrible en varias instancias” y advirtió que en Camariñas hubo un caso “exactamente” igual en el que el alcalde logró ganar en el Tribunal Supremo. También cuestionó el informe que el secretario municipal elaboró en enero tras conocerse la sentencia que inhabilitaba a Liñares y que después fue anulada por la Audiencia Provincial. El funcionario concluyó entonces una vez se le notifica la sentencia al alcalde "no resulta necesario que el condenado renuncie, sino que bastaría con que el pleno de la Corporación tomara conocimiento de ello y solicitara a la Junta Electoral Central la expedición de la credencial del candidato siguiente de la lista".
La sesión plenaria estaba convocada para aprobar la solicitud de un préstamo bancario de 2.662.558 euros, con un plazo de seis años (con dos de carencia) para financiar varias actuaciones en el municipio, aunque la sentencia que condena al regidor centró buena parte de pleno.
El PP advirtió que presentará un recurso contra la aprobación del préstamo, ya que considera que sirve para “hipotecar el Concello durante seis años” y debido a la situación jurídica del alcalde tras la condena en primera instancia. La concejal Celia López, que ejerció de portavoz ante la ausencia de Francisco Santos, explicó que no veía “la urgencia” de llevar a pleno esta propuesta en pleno mes de agosto ante la situación jurídica de Liñares. “Es una falta de responsabilidad”, afirmó.
El único edil del BNG en la Corporación, Alberte Sánchez, advirtió que “no es el momento preciso” para aprobar este préstamo y además criticó al alcalde por mantener el Concello “paralizado” durante estos meses por la primera condena, que fue anulada, y por el nuevo fallo tras la repetición del juicio.
Reacción a la primera sentencia
Tras el primer fallo, la oposición solicitó un pleno que finalmente convocó el secretario municipal y en el que se dio cuenta del fallo en el que se le inhabilitaba al alcalde. Posteriormente, la Audiencia Provincial anuló esa sentencia y mandó repetir el juicio. El resultado ha vuelto a ser la inhabilitación por prevaricación.
Una vez que García Liñares conoció la primera sentencia el pasado invierno, anunció que dimitía como responsable de Deportes en la Diputación coruñesa por decisión propia, aunque lo cierto es que el PSOE provincial ya le había abierto la puerta al advertir de que la Ley de Régimen Electoral considera incompatible con la condición de concejal y, por tanto, de diputado. Juristas del ente provincial afirmaron que el cargo de alcalde incompatible con su condena y apuntaron a diversas resoluciones de la junta electoral que ratifican que la condición de edil, y por tanto de alcalde, es inconciliable con la inhabilitación, "aunque no sea firme", por delitos contra la Administración Pública.
