El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha revocado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de A Coruña que desestimó el recurso de los propietarios de seis viviendas en situación irregular en Veigue y ha anulado las resoluciones de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de 2013 que ordenaban su derribo por ocupar suelo rústico y carecer de autorización autonómica.
El Superior ha atendido el recurso de los propietarios y ordena a la Xunta a revisar el expediente tras valorar nuevos documentos que probarían que las viviendas, que se ejecutaron en los terrenos que ocupaba una antigua granja de conejos, estaban finalizadas ya en 2005, por lo que las irregularidades habrían prescrito (la ley estipula un plazo de seis años y el expediente de la Xunta es de 2012).
Los jueces consideran que los propietarios han aportado un nuevo documento "extremadamente relevante" para acreditar la fecha de terminación de las obras y del que no disponían antes. Se trata de una vista aérea de 2005 "que se omitió por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística en su informe" y que podría probar que los trabajos ya estaban finalizados en aquel año y no en octubre de 2006, como mantenía la Xunta. Esta diferencia de un año resulta vital en este caso, ya que la APLU habría superado el plazo de seis años que establece la ley para abrir un expediente urbanístico.
La sentencia del Superior que ordena a la Xunta tramitar un expediente de revisión abre una puerta para la esperanza a los propietarios, que llevan más de un lustro en pleitos. La Justicia les había dado inicialmente la razón al considerar prescrita la infracción al entender que las casas estaban terminadas antes de octubre de 2006, pero el Superior revocó el fallo y dio la razón a la Xunta en 2015. Los titulares pidieron sin éxito la nulidad de la sentencia y pidieron incluso amparo al Tribunal Constitucional. Finalmente el Superior ha aceptado su recurso extraordinario de revisión.
Los demandantes defendieron que las obras estaban finalizadas mucho antes de 2005 y que el por entonces alcalde, Ramón Rodríguez Ares, las autorizó de palabra.
