El alcalde de Cerceda, José García Liñaresalcalde de Cerceda, José García Liñares, se ha negado a dimitir desde el pasado 7 de agosto, cuando se hizo público que un juzgado lo inhabilitaba ocho años a ejercer cualquier cargo público por un delito de prevaricación. Desde entonces alega que su sentencia no es firme para continuar en el cargo.
▶¿Por qué ha sido condenado el alcalde de Cerceda? El Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña ha condenado al regidor cercedense, José García Liñares, a ocho años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo o empleo público por un delito de prevaricación administrativa por irregularidades en la contratación de las obras del jardín botánico en 2015. El fallo del magistrado considera que los trabajos en el botánico, con un importe de 300.000 euros, "carecían de cualquier cobertura legal" porque comenzaron antes de que concluyese el proceso de licitación y que la orden "para la ejecución solo podía proceder del alcalde".
▶¿Qué establece la legislación para los castigados por la Justicia por delitos contra la Administración pública? La Ley de Régimen Electoral considera incompatible con la condición de concejal la condena por sentencia, "aunque no sea firme", por este tipo de delitos. El secretario del Concello, funcionario encargado de velar por el cumplimiento de la legalidad, elaboró en enero (tras conocerse la sentencia que inhabilitaba a Liñares y que después fue anulada por la Audiencia Provincial) en el que concluyó que una vez se le notifica la sentencia al alcalde "no resulta necesario que el condenado renuncie, sino que bastaría con que el pleno de la Corporación tomara conocimiento de ello y solicitara a la Junta Electoral Central la expedición de la credencial del candidato siguiente de la lista".
▶¿Qué ha establecido el Tribunal Supremo? Considera que "no son elegibles para ningún cargo público los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la Administración Pública a penas de inhabilitación o de suspensión para empleo o cargo público, cualesquiera que sean los empleos o cargos públicos a los que se refiera dicha pena", según indicó este organismo en abril de este año. El tribunal estimó un recurso del Cabildo Insular de Fuerteventura, que acordó la incompatibilidad de Domingo González Arroyo para el cargo de Consejero del Cabildo de Fuerteventura al haber sido condenado por un juzgado por prevaricación continuada a 9 años de inhabilitación especial para el cargo público. El Tribunal Superior de Justicia de las Palmas de Gran Canarias había anulado la resolución administrativa al entender que la inhabilitación solo afectaba al ámbito municipal.
▶¿Qué defiende el alcalde de Cerceda? García Liñares, que encabezó la lista del PSOE en las municipales, se niega dejar el cargo de regidor debido a que considera que no tiene que cesar porque la sentencia que le condena no es firme y ha recordado que en Camariñas y en Palas de Rei ha habido casos similares en los que los alcaldes no dimitieron. "Aquí ningún tribunal ha dicho que tenga que cesar", ha indicado. También ha explicado que debe defenderse "hasta donde pueda mientras" crea en su "inocencia" y que "no hay nada" que le pueda impedir "llegar al Constitucional".
▶¿Cuál es la postura del PSOE sobre este caso? No se pronuncia. Más de tres semanas después de conocerse que el juzgado en primera instancia ha inhabilitado ocho años a Liñares, la ley del silencio se impone en el partido. La dirección provincial de la formación rechazó, a preguntas de este diario, pronunciarse.
▶¿Cuál es la estrategia de García Liñares? Ha aprobado en el pleno, junto a sus compañeros del PSOE, una propuesta en la que reconoce que no puede continuar en la Alcaldía tras su inhabilitación de ocho años y que le concede un plazo de diez días hábiles para presentar por escrito su renuncia. Pero al mismo tiempo ha anunciado que tiene previsto llevarla a los tribunales para que aclaren su situación jurídica, lo que, según la misma estrategia, paralizaría cautelarmente el acuerdo y le permitiría continuar en el cargo. Esta hoja de ruta ha sido diseñada por el ex ministro socialista de Justicia, Francisco Caamaño, y el abogado Carlos Seoane, en un informe que elaboraron a petición de Liñares.
▶¿Qué dice el informe? El documento asegura que la renuncia al puesto con una sentencia no firme es "una medida en el límite de lo constitucionalmente admisible", que "solo resulta proporcionada en tanto que sirve para evitar que personas sobre las que existe una fundada sospecha de colaborar con organizaciones ilegales" que "puedan concurrir a unas elecciones y beneficiarse de ayudas públicas".
▶¿Qué reclaman los grupos de la oposición, el PP y el BNG? El portavoz de los populares, Francisco Santos, ha criticado a la dirección del PSOE provincial por "mirar para otro lado" al mantener como alcalde a José García Liñares a pesar de haber sido condenado por un juzgado. Los populares afirman que el regidor "no puede seguir ni un minuto más". El grupo del BNG en el municipio, ha solicitado al alcalde su inmediata dimisión, tras el fallo judicial. Los nacionalistas instan a José García Liñares a dejar su cargo "en un ejercicio de responsabilidad".
