El Concello de Culleredo ha ordenado paralizar la actividad de banquetes y eventos que se desarrolla en la zona de jardín del Pazo de San Fernando, en Liñares. Los servicios municipales han abierto expediente tras la denuncia realizada por la Asociación de Empresarios de Galicia (Ascega), que alertaba del presunto desarrollo irregular de este servicio en dicha instalación, y ordenan precintar la zona tras contrastar que se ha incumplido una orden anterior de paralización de actividad.

En el expediente, la asesoría jurídica municipal concluye que la actividad de banquetes y eventos no se puede llevar a cabo en la zona de jardín del pazo. Allí figura instalada una gran carpa con baños, en una parcela que se ha constatado que es de suelo rústico, por lo que se trata de un uso sin título habilitante, según el artículo 35 de la Lei do Solo de Galicia, explica el Ayuntamiento. No ocurre lo mismo en la zona de planta baja del pazo, donde la empresa hostelera promotora sí puede realizar dicha actividad, al tratarse de suelo de núcleo rural según dicha ley, aclara.

Por todo esto, el pasado 31 de julio, el Concello de Culleredo emitió una resolución en la que ordenó la paralización inmediata de la actividad de la zona del jardín. Se dio traslado de los hechos a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), organismo autonómico que ostenta las competencias en materia de disciplina urbanística en suelo rústico, y a la Dirección Xeral de Patrimonio, dado que el pazo de San Fernando es un elemento catalogado, explica la Administración municipal.

Dos semanas más tarde, el 16 de agosto, la Policía Local verificó que la actividad seguía desarrollándose en el pazo y no se había interrumpido pese a la orden del Concello. En virtud del Reglamento de la Lei do Solo de Galicia, el Ayuntamiento ha ordenado el precinto de dichas instalaciones del jardín, para garantizar el cumplimiento de la paralización de la actividad como se ha ordenado. El precinto se ejecutará "de forma inmediata", asegura.

El Ayuntamiento de Culleredo señala que lamenta "los perjuicios" que se puedan ocasionar en terceros, pero defiende que es su obligación "tomar este tipo de medidas al constatar que se está llevando a caso una actividad sin título habilitante, como requiere la ley".