El alcalde de Cerceda, José García Liñares, avanza en su hoja de ruta para no dimitir de su puesto tras la sentencia que le inhabilita ocho años a ejercer cualquier cargo o empleo público por un delito de prevaricación. Ha presentado un recurso contra su condena ante la Audiencia Provincial y al mismo tiempo ha llevado al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el acuerdo, que él mismo aprobó en agosto, en el que reconocía su incompatibilidad con su cargo tras su inhabilitación, según confirmó su abogado, Ulises Bértolo. Esta última maniobra paraliza la ejecución de la propuesta aprobada en el pleno por los propios ediles del PSOE y le permite continuar en su puesto "hasta que el órgano judicial se pronuncie", según indicaba el acuerdo.

Los dos recursos fueron presentados ayer por la mañana. Sobre el fallo que condena al regidor, el letrado explica "no se puede dar credibilidad" a las fotografías en las que se basa el juez para condenar a Liñares, ya que fueron tomadas por un rival político, el portavoz del PP, Francisco Santos. "Es el único elemento en el que se sustenta la condena", indica. La conclusión a la que llega el abogado es que solo cabe "una sentencia absolutoria". Las imágenes a las que se refiere muestran unas obras en el botánico de Cerceda en 2015.

El recurso que García Liñares ha presentado contra el acuerdo del pleno forma parte de una estrategia diseñada por el ex ministro socialista de Justicia, Francisco Caamaño, y el abogado Carlos Seoane, en un informe que elaboraron a petición del regidor.

El análisis elaborado justifica que el alcalde no dimita porque "debería estar en su pleno derecho de ejercer el cargo público para el que fue elegido" y que solo debería abandonarlo si la sentencia penal "deviene en firme y definitiva". En este caso, el fallo es recurrible y el regidor podría acudir a varias instancias judiciales. Pese a este razonamiento, los autores del informe finalmente concluyen que el pleno debería declarar "la incompatibilidad" del regidor y que este debería recurrir esta propuesta para lograr la suspensión del acuerdo y que un tribunal decidiese finalmente si Liñares puede seguir. Esto es lo que ha hecho el alcalde de Cerceda.

El abogado que se encarga de la defensa de José García Liñares afirma que este último recurso se ha presentado al entenderse que ha habido "una vulneración de derechos fundamentales" de su cliente.

El Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña ha condenado al regidor cercedense a ocho años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo o empleo público por un delito de prevaricación administrativa por irregularidades en la contratación de las obras del jardín botánico de O Acevedo en 2015.

García Liñares defiende desde hace semanas que no debe dimitir porque el fallo condenatorio no es firme y asegura que debe defenderse "hasta donde pueda mientras" crea en su "inocencia" y que puede llegar hasta el Tribunal Constitucional. La Ley de Régimen Electoral considera incompatible con la condición de concejal la condena por sentencia, "aunque no sea firme", por este tipo de delitos.

Los grupos de la oposición de Cerceda, el PP y el BNG, han solicitado formalmente en el Concello la convocatoria de un pleno para tomar conocimiento de la existencia de la sentencia, no firme, que inhabilita ocho años al alcalde y pedir a la Junta Electoral Central la expedición de credencial al candidato siguiente de la lista del PSOE. El escrito, con fecha de dos de septiembre, lo firman todos los ediles de la oposición (cinco populares y uno nacionalista).

Un informe del secretario municipal tras conocerse la primera sentencia que inhabilitaba a Liñares y que después fue anulada por la Audiencia Provincial concluyó que la salida del alcalde es obligada. "No resulta necesario que el condenado renuncie a su condición de alcalde, sino que bastaría con que el pleno de la Corporación tomara conocimiento de ello [la sentencia] y solicitara a la Junta Electoral Central la expedición de credencial al candidato siguiente", recogía el informe jurídico del secretario, que es el funcionario encargado de velar por el cumplimiento de la legalidad en el Concello.