El Ayuntamiento de Miño y las doscientas familias expropiadas para ejecutar la urbanización Costa Miño por la promotora inmobiliaria Fadesa han alcanzado esta semana un acuerdo para resolver el conflicto judicial diecisiete años después de este polémico caso.
Los expropiados cobrarán todo lo adeudado por sus terrenos y el Consistorio pondrá fin a la deuda histórica que tenía con ellos, informan este viernes fuentes municipales.
El acuerdo consiste en que los expropiados dan su beneplácito a la liquidación de todos los créditos contra la entidad local, derivados del procedimiento contencioso-administrativo que se ejecuta ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, renunciando a cobrar el recargo de intereses.
Por su parte, el Ayuntamiento se compromete a gestionar, con cargo al Fondo de Ordenación 2020 del Ministerio de Hacienda, el pago de los intereses generados por el retraso de más de 15 años en el abono de los terrenos, con fecha límite el 31 de mayo de 2020.
En un comunicado, el alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, ha calificado este acuerdo como "uno de los más importantes de toda la legislatura", tras considerar que "es una barbaridad hacer a las personas partícipes de las negligencias institucionales".
"Lamento profundamente el trato que habéis recibido desde el Ayuntamiento desde el inicio de este largo proceso, allá por 2002", ha añadido Faraldo, que se ha mostrado optimista para "encarrilar el tema y facilitar al Ayuntamiento que cumpla son sus obligaciones financieras sin dejar de atender las necesidades de los vecinos".
