Red Eléctrica de España y Naturgy han llevado a los tribunales los pagos que les reclama el Concello de Arteixo por la tasa del dominio público. Las dos firmas ya han presentado un contencioso-administrativo contra las liquidaciones tributarias emitidas entre el pasado año y este, que suponen entre las dos unos 62.000 euros. El Tribunal Supremo avaló en 2017 la ordenanza que rige este impuesto. Entonces las empresas ya intentaron evitar tener que abonar esta tasa. Ahora recurren la orden de pago.

El Concello aprobó durante estos últimos meses las liquidaciones tributarias y las remitió posteriormente a las empresas. De este modo, el Gobierno local inició por primera vez el cobro de todos los ejercicios fiscales desde que entró en vigor la ordenanza, lo cual ocurrió en el año 2015. La previsión del Ejecutivo municipal era de recaudar aproximadamente 400.000 euros con este primer cobro y que después obtener 190.000 euros anualmente.

El Concello recibió una comunicación del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña el 31de mayo en el que se le informaba que Red Eléctrica interpuso un recurso contra la liquidación, en la que se acuerda que esta empresa debe pagar 27.119 euros.

El grupo Naturgy ha presentado su recurso contra el pago da través de dos de sus empresas filiales, Nedgia (empresa suministradora de gas) y UFD Distribución Electricidad (distribuidora de energía eléctrica). En este caso, le corresponde pagar 35.214 euros. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 será el que decida sobre el cobro de esta tasa. El Ayuntamiento recibió la comunicación del tribunal el pasado 18 de junio.

Previamente a la vía del juzgado, Naturgy y Red Eléctrica ya presentaron recursos ante el Concello. Las dos empresas alegaron que hay una "doble imposición" tributaria, lo cual fue rechazado por el Gobierno local, ya que considera que el tributo grava un concepto diferente. Las empresas también criticaron que los criterios de este tributo son "desproporcionados" y "carentes de transparencia".

Esta tasa municipal grava el aprovechamiento privativo que realizan las empresas del dominio público.