El Gobierno local de Culleredo aprobó ayer en solitario las obras a financiar con cargo al Plan Único de la Diputación: 446.812 euros para el parque de A Corveira y 54.471 euros para la renovación del de Peiro. Como era de esperar, el debate se centró en la construcción del "gran parque infantil" proyectado en la zona verde de A Corveira. Todos los grupos de la oposición votaron en contra de este proyecto, salvo el PP, que finalmente se abstuvo.
El plan, que ha recabado 300 firmas de vecinos en contra, incluye dos toboganes de 14 metros y una tirolina de 30 y juegos de escalada. Los residentes críticos con esta actuación temen que esta obra"destroce" el área verde en la que se ubica el merendero y cuestionan su necesidad dado que, argumentan, ya disponen de un parque infantil que ha sido remodelado recientemente.
El Ejecutivo desoyó las quejas de vecinos y también los reparos de Secretaría y el arquitecto municipal, que emitieron sendos informes desfavorables al entender que era preciso la previa aprobación de un plan especial o una modificación del plan parcial al establecer un uso "contrario al establecido en el instrumento de ordenación".
El portavoz del PSOE, Diego Taibo, contrapuso estos informes contrarios con el dictamen favorable de la asesoría jurídica, que considera innecesaria la modificación porque los juegos proyectados no superan la ocupación máxima permitida . Los socialistas defendieron que el expediente estaba "armado" y que pasaría además "el filtro" de la Diputación, que podría ordenar cambios si observase alguna anomalía. El Ejecutivo incidió además en que la obra había sido anunciada antes de la campaña electoral y que sí contaba con el visto bueno de los residentes en A Corveira.
Los grupos de la oposición cuestionaron los argumentos del Ejecutivo. PP, Alternativa y BNG apelaron a la existencia de trescientas firmas de vecinos en contra del proyecto y cuestionaron que se destinasen 446.812 de los 501.283 euros del Plan Único a esta actuación, una cuantía que tacharon de "desproporcionada" y que contrapusieron con las carencias de servicios en otras parroquias.
Alternativa y PP hicieron hincapié en los informes contrarios del jefe de Urbanismo y Secretaría. La portavoz del partido independiente, Alicia Ferreiro, cuestionó además las conclusiones de la asesoría jurídica y llamó la atención sobre el hecho de que en el propio informe la asesora apela al "escaso tiempo" del que dispuso para estudiar la documentación.
El portavoz del BNG, Tono Chouciño, calificó la obra de "capricho", criticó la "asimetría" de la inversión en las distintas parroquias y pidió sin éxito al Ejecutivo que "recapacitase" y dejase el asunto sobre la mesa par negociar otras actuaciones "que la ciudadanía sí demanda". Chouciño pidió también al Ejecutivo que permitiese intervenir durante la sesión a uno de los promotores de la recogida de firmas en contra del proyecto.
La portavoz del PP, Izaskun García, apeló también a las quejas vecinales, a los reparos de los funcionarios y al coste "desproporcionado" de la actuación.
El Gobierno local hizo uso de su mayoría para tumbar la petición del BNG de dejar el asunto sobre la mesa y renegociar las obras a financiar con cargo al Plan Único. El alcalde, José Ramón Rioboo, que presidió buena parte del debate con la vista fija en su móvil, defendió que el asunto estaba "suficientemente debatido" y que ya había concertado una reunión con los vecinos afectados para escuchar sus demandas.
