01 de octubre de 2019
01.10.2019
La Opinión de A Coruña
CERCEDA

El juzgado suspende cautelarmente el pleno para la renuncia de Liñares

El Concello tiene tres días para alegar y el tribunal deberá ratificar o no la medida antes de la sesión del lunes

01.10.2019 | 15:53
El alcalde de Cerceda, José García Liñares.

El pleno que convocó el secretario municipal de Cerceda y que había solicitado la oposición (PP y BNG) para forzar la marcha del alcalde, José García Liñares, ha quedado en el aire. El Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de A Coruña ha acordado suspender cautelarmente la celebración de la sesión, que estaba prevista para el próximo lunes. Ahora el tribunal ha dado un plazo de tres días al Concello para alegar y una vez superado este trámite, deberá ratificar o no la suspensión provisional. La decisión se tomará antes de empezar la próxima semana, según confirman fuentes judiciales.

El secretario convocó la sesión al entender que el Ejecutivo, en un pleno celebrado la pasada semana, se saltó la Ley de Bases de Régimen Local al impedir que se debatiese la propuesta de PP y BNG, dirigida a tomar conocimiento de la sentencia que condena a Liñares, decretar su incompatibilidad sobrevenida y solicitar a la Junta Electoral Central la expedición de la credencial del siguiente en la lista por el PSOE.

En el pleno de hace unos días, los socialistas hicieron valer su mayoría absoluta para retirar este punto del orden del día y sustituirlo por otro para declarar improcedente el asunto por "identidad sustancial" con lo aprobado por el pleno el pasado 23 de agosto. En esa sesión, el PSOE, asesorado por el exministro Francisco Caamaño, había informado de la sentencia que inhabilita a Liñares y otorgado un plazo de diez días al regidor para dimitir por incompatibilidad sobrevenida o presentar un recurso contencioso contra ese acuerdo plenario.

El alcalde recurrió ese acuerdo, que paradójicamente se había aprobado con los únicos votos de su partido, y alegó en el pleno forzado por la oposición que no tenía por qué dimitir hasta que el juzgado se pronunciase. Liñares admitió ahora que la ley electoral si obliga a renunciar a los cargos condenados a penas de inhabilitación por delitos contra la Administración aunque el fallo no sea firme, pero carga contra esta ley al entender que vulnera sus derechos fundamentales.

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