Los tribunales serán los que decidan si la expropiación que el Concello de Arteixo realizó para obtener y después derribar las casas en ruinas de As Eiras se hizo conforme a la normativa. El vecino que se negó a abandonar su vivienda de la travesía de Meirás ha presentado un recurso, que será resuelto por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña.

Este residente reclamó la nulidad de la expropiación mediante un escrito presentado en noviembre de 2018. El proyecto había sido aprobado definitivamente por el pleno en febrero de ese año y en abril el Concello ya había procedido a la ocupación. El vecino alegó que esta zona de As Eiras figura como ATRI, área de tanteo y retracto, necesita una modificación puntual para poder asignarle un destino real o ejecutivo. El Ejecutivo desestimó la alegación por ser presentada fuera de plazo.

El juzgado ha solicitado el expediente al Concello, que ha acordado comparecer como parte demandada.

El afectado que no quiere dejar su residencia señaló que vive en ella desde hace "casi 50 años" y que las "escrituras" de la propiedad eran "verbales" y que hay un "papel firmado". El Gobierno local aprobó la expropiación de 16 fincas en As Eiras, entre las cuales se encuentra la de este residente, al que no se le abona la expropiación porque no ha conseguido acreditar ser el propietario de la edificación en la que asegura vivir.

Un año con la obra parada

El Concello expropió las casas en ruinas de As Eiras para poder ampliar la calle y así intentar acabar con la venta de droga en la zona. En agosto de 2018, los obreros llegaron al lugar para ejecutar la demolición de las edificaciones en ruinas y ejecutar la urbanización de la calle Ecuador y de la travesía de Meirás. Más de un año después, las casas han desaparecido, pero los trabajos para construir las aceras y ampliar la calzada han quedado a medio hacer. Los vecinos tienen que caminar sobre tierra, ya que la calzada ha quedado sin asfaltar.

Era una obra con un plazo de duración de dos meses y ya ha superado los doce desde que empezó.

El Gobierno local señaló al vecino que no quiere abandonar su casa, que fue expropiada, como motivo de la paralización de la actuación.