El Concello de Miño ultima la solicitud que presentará ante el Ministerio de Hacienda para agrupar los dos préstamos concedidos para el pago de la deuda con los expropiados de Fadesa y para ampliar el plazo de devolución hasta 2039. El Gobierno central abrió la pasada semana el plazo para acogerse a estas ventajas, a las que se aferra el Ejecutivo al entender que supondrían un "desahogo vital" para este municipio asfixiado por una desorbitada deuda por las irregularidades en la gestión de la macrourbanización Costa Miño Golf.
La posibilidad de agrupar los préstamos y ampliar el plazo de amortización ya había sido anunciada por el anterior Ejecutivo municipal, que ya daba por hecha la concesión de estas ventajas. El Gobierno central ha abierto ahora el plazo y el Concello ultima los trámites para reunir la documentación precisa y convocar el pleno para solicitar formalmente la adhesión. El plazo límite es el 22 de octubre.
El Ejecutivo municipal ha hecho cálculos y estima que si el Estado da luz verde a su solicitud podrá reducir en casi un 60% las cuotas anuales de los créditos al pasar de 1.556.000 euros al año a 662.000 euros al aumentar el período de amortización hasta el año 2039. El Concello contaría además con tres años más de carencia en el pago de la deuda, no teniendo que abonar pagos hasta 2022. "Estos cambios supondrían un antes y un después en la delicada situación económica que vivimos los miñenses", afirma el alcalde, Manuel V. Faraldo, que destaca que esta modificación en las condiciones de los préstamos permitirán "afrontar inversiones y servicios fundamentales para los vecinos sin dejar de pagar la deuda que actualmente ahoga la economía municipal".
El Gobierno local emitió ayer un comunicado en el que detalla que la concesión de estas ventajas está condicionada a la presentación de un plan de ajuste que obtenga el visto bueno de Hacienda. Este plan deberá aprobarse antes en pleno antes del 22 de octubre, por lo que prevé convocar una sesión urgente en los próximos días.
El PP emitió también ayer un comunicado en el que acusaba al PSOE de "vender como propia la gestión iniciada por el anterior Ejecutivo". Los populares, que formaban parte del Gobierno local presidido por el independiente Ricardo Sánchez Oroza, inciden en que Secretaría e Intervención ya habían analizado las bases y concluido hace meses que Miño cumplía las condiciones para acogerse a la ampliación del período de amortización y la agrupación de los créditos. Al contrario que el Gobierno local, el PP afirma que no es preciso un plan de ajuste, "si no tan solo una serie de ajustes".
