03 de diciembre de 2019
03.12.2019

El edificio ilegal de Meicende evita el derribo tras 17 años de incertidumbre

El juzgado acepta que el Concello ejecute reformas interiores en el inmueble, que fue realizado sin ajustarse a la licencia de obra y que ahora deberá adaptarse a ella

02.12.2019 | 20:18
Vivienda irregular de la calle León, en Meicende.

El edificio ilegal de la calle León, en Meicende, tiene futuro. El juzgado ha aceptado la propuesta del Concello de Arteixo para realizar unas reformas interiores, de tal modo que el inmueble quede conforme a la licencia de obra concedida en 1998 por el Gobierno local. En 2002, el Ejecutivo otorgó otra autorización para corregir la situación de la edificación, aunque fue anulada por una sentencia después de la denuncia de una vecina. Ahora, 17 años después, el Ayuntamiento debe reponer la legalidad, lo que significa que deberán ser los eliminados los trasteros que hay en la planta baja, la vivienda del bajo comercial y la ampliación de la extensión añadida a las dos viviendas situadas en la parte más alta.

Este caso se remonta a 1991, año en que la promotora Meiurba presentó el proyecto, que obtuvo una primera licencia en 1998 al amparo de la normativa urbanística de 1975. El problema llegó después, cuando el Concello otorgó nuevos permisos para la construcción del inmueble en los que no contemplaba el cambio de uso de los terrenos, calificados como industriales en las normas subsidiarias de 1995. Los jueces anularon posteriormente el acuerdo de Junta de Gobierno local de 2002 por el que se archivó por primera vez el expediente de reposición a la legalidad urbanística.

El Ejecutivo municipal concedió en 2015 una licencia para la "adecuación del edificio construido a las condiciones de la licencia de 1998", según recoge un informe elaborado por el arquitecto municipal. Este permiso fue anulado por una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña por no ser conforme a derecho. El informe señala que el motivo de la anulación es que resulta "meridianamente claro que el edificio está fuera de ordenación" y que "no se puede ejecutar ninguna clase de obra que no vaya dirigida a su mantenimiento e higiene, por lo tanto la licencia otorgada es nula". El juzgado instó a "adoptar como medidas de protección de la legalidad urbanística procedentes para el restablecimiento de la situación física y jurídica vulnerable". La denunciante solicitó la ejecución y el Concello procedió a estudiar la forma de cumplir la sentencia.

El arquitecto municipal elaboró un informe en el que considera que hay "aspectos que aparentan técnicamente ser subsanables", por lo que propuso la realización de unas reformas interiores, con las que se podría lograr ajustar el inmueble a la licencia de 1998. De este modo, se evitaría el derribo, en el que viven media decena de familias. El técnico informó de que lo ejecutado sin amparo de la licencia de 1998 fueron los trasteros en el sótano, el cambio de uso a vivienda de la superficie a local comercial de planta baja y la ampliación de la extensión de las dos viviendas en la planta bajo cubierta realizada dentro del volumen autorizado.

La juez aceptó la propuesta del Concello. Desde 2017 emitió diversos autos judiciales en los que reclama información y requiere que se ejecute la sentencia de 2015. En este tiempo el Gobierno local procedió al estudio y a la contratación de los trabajos. El pasado 10 de octubre, el arquitecto municipal y la constructora contratada se presentaron en el edificio de Meicende para ejecutar la actuación demandada por el juzgado. No pudieron hacerlo. El acta de comienzo de obra recoge que intentaron "en dos ocasiones establecer comunicación con las personas que pudiesen permanecer al interior del inmueble en las plantas altas por medio del telefonillo", pero el resultado fue "infructuoso". La actuación había sido comunicada a los vecinos por parte del juzgado.

Esta edificación ha vivido bajo la amenaza del derribo durante años. En 2008, el Gobierno local veía posible la demolición. Los vecinos vivieron esta situación con perplejidad. Cuatro años después, en 2012, el Concello amenazó con ejecutar de forma subsidiaria el derribo si los propietarios no reponía la legalidad.

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