El Consorcio As Mariñas estudiará a nivel jurídico presentar una reclamación a la concesionaria de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, UTE Albada, por los sobrecostes generados por el tratamiento de los rechazos en otro vertedero desde 2011, que sumaría unos 6,5 millones de euros. El ente comarcal sostiene que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que le exime de pagar los 1,9 millones que reclamaba la empresa por el tratamiento de los rechazos en 2011 que el Consorcio no pagó, "abre la puerta" a una reclamación por vía judicial, ya que el fallo dicta que el tratamiento de los rechazos forma parte del contrato firmado y rechaza que las decisiones de las administraciones ocasionaran el "desequilibrio económico" que denuncia Albada, a la que atribuye una "previsión errónea" del volumen de impropios, por lo que le deniega el derecho a una indemnización.

El ente supramunicipal asegura que analizará "los detalles jurídicos de una posible reclamación con el objeto de hacer valer sus derechos". "Desde hace ocho años, el Consorcio lleva los rechazos a otro gestor, lo que supone un coste añadido al precio firmado en el contrato con Albada, que incluía este servicio. El sobrecoste, de forma aproximada, se sitúa en unos 800.000 euros anuales", afirma el ente. El gasto total en el tratamiento de impropios con otra empresa sumaría, por tanto, unos 6,5 millones de euros en los más de ocho años transcurridos desde que, en 2011, comenzó a gestionar el tratamiento de los impropios con otra empresa, tras rechazar recibos de Albada de ese año, los mismos que el Superior le exime ahora de abonar.

"Desde el momento inicial en que se conoció la intención de la empresa de cobrar más por los rechazos, nos negamos tajantemente, cuestión a la que ahora la justicia da la razón. Buscamos alternativas a la situación y nos sobrepusimos porque entendimos que era un servicio por el que ya pagábamos en el contrato", afirma el presidente comarcal, José Antonio Santiso.

El fallo del Superior, que revoca una sentencia anterior, da la razón al Consorcio sobre un conflicto por el cual trabajadores llegaron a impedir la entrada de los camiones de recogida de basura de la comarca en la planta de Nostián. El ente comarcal se negó a pagar aparte el coste de la gestión de los rechazos al entender que, como ahora ratifica el Superior, este servicio se incluía en el contrato firmado.

La sentencia sostiene que Albada ofreció el servicio de tratamiento integral de los residuos después de aprobar la Xunta la Declaración de Efectos Ambientales (DEA) que vetaba la construcción de un depósito previsto y cuando ya había iniciado el servicio a A Coruña, por lo que ya conocía las "limitaciones" existentes. Achaca a la empresa una "previsión errónea" del volumen de impropios y dicta que debe asumir su "riesgo de error" cuando presentó la oferta.