El pleno de Miño aprobó este jueves con el voto en contra del PP regular y fijar un "límite cuantitativo máximo"en el derecho de los concejales a ser indemnizados por los gastos judiciales derivados de actuaciones realizadas en el ejercicio de su cargo.

El Ejecutivo elevó a pleno esta propuesta, que pasa por ajustar las cuantías al baremo del colegio de Abogados. Y lo hizo a raíz de que los exalcaldes Juan Maceiras y Jesús Veiga, ambos del PP, solicitasen el pago de los gastos de su defensa en el proceso que se inició por una denuncia del PSOE relativa a un supuesto fraccionamiento ilícito de contratos en 2007. El caso se archivó y los dos exalcaldes solicitaron al Concello que asumiese el coste de la defensa, que cifraron en 3.000 y 3.600 euros y que, con la propuesta que elevó a debate el Ejecutivo, quedaría fijada en 1.000 euros.

Veiga defendió en el pleno que las indemnizaciones por gastos judiciales se regulasen a "posteriori" y que se les pagase antes el importe íntegro de la minuta dado que ya la habían pagado. El concejal popular recalcó que no estaban en contra de que se regulasen las cuantías máximas por gastos judiciales, pero acusó al Ejecutivo municipal de elevar ahora esta propuesta àra negarles el cobro de las facturas que él y Maceiras presentaron ya en junio por la defensa jurídica en el caso de los contratos. "Me da pena, está claro que lo que no quieren es pagarnos una factura que está bien informada. ¿Qué hay que regularlo? Muy bien, pues a posteriri lo regulamos. ¿Que no se nos va a pagar?, bueno, pues entonces votaremos en contra", sostuvo el concejal, que insistió en varias ocasiones de que se trataba de una "decisión política".

El alcalde, el socialista Manuel Faraldo, replicó que se trataba, "evidentemente", de una decisión política, ya que la adoptaba la Corporación: "Si la adoptase un juzgado sería judicial", respondió y añadió: "No hay ninguna intencionalidad de hacer daño, solo de regular con un criterio objetivo. Esas facturas se presentaron en marzo y no están fiscalizadas ni conformes. Nosotros entramos a gobernar en junio y le hemos dado muchas vueltas a esto. Solo pretendemos fijar unos criterios para garantizar igualdad de trato a todo el mundo", argumentó Faraldo, que apeló a las recomendaciones de Secretaría, partidaria de fijar unas cuantías máximas para evitar gastos desproporcionados. "No es verdad que no se vayan a pagar las facturas, digan a sus abogados que presenten unas acordes con el baremo y se pagarán", recalcó.

La habilitada nacional tomó la palabra para matizar que en su informe recomendaba fijar unas cuantías, una "orientación cuantitativa" para evitar "gastos desproporcionados", pero que la decisión le correspondía adoptarla al pleno. "Lo de fijar unas cuantías de referencia no lo exijo, pero sí lo recomiendo", aclaró. Finalmente el punto se aprobó con los únicos votos de los socialistas.