05 de enero de 2020
05.01.2020

El Concello derribará un edificio ilegal en Os Campóns paralizado hace veinte años

Repercutirá el coste a los dueños. La construcción supera el máximo de alturas. El Superior rechazó en 1998 un recurso del promotor

04.01.2020 | 20:28
Edificio que el Concello demolerá con carácter subsidiario, en Os Campóns.

El Concello de Cambre acaba de iniciar los trámites para ejecutar la demolición de un edificio inacabado en Os Campóns, en la parroquia de Sigrás, de forma subsidiaria. El Gobierno local ya ordenó derribar el inmueble en 2017 y apunta que requirió a los dueños que presentasen un proyecto de derribo en marzo del 2018, pasados veinte años desde la paralización de la obra por incumplir la normativa urbanística, explica el Ejecutivo. Ahora, al no haberse acometido el derribo de la edificación, el Ayuntamiento plantea realizar el derribo y repercutir a los propietarios el coste de la obra.

Los trabajos costarán unos 112.500 euros, según una liquidación provisional que se realizó en su momento, señala el Ejecutivo municipal. El Concello asegura que recaba los fondos necesarios para acometer la demolición.

La construcción, de tres plantas y bajo, se levantó en el 1995 y quedó paralizada en el año 1998 al incumplir la normativa urbanística, asegura el Ayuntamiento. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimó en 1998 un recurso del promotor contra una resolución que instaba a paralizar el inmueble y a tramitar el pertinente expediente de demolición, que no llegó a llevarse a cabo.

El Concello, tras constatar que el responsable no había tramitado el expediente de derribo, pidió un informe al arquitecto municipal sobre el inmueble. El técnico determinó que la obra no es legalizable ya que incumple las normas subsidiarias de planeamiento.

Señaló que la edificación incumple la tipología de vivienda y la altura máxima permitida (al lado tiene otro aún más alto, también plurifamiliar, seis plantas y terraza). El arquitecto destacó que la normativa para suelo urbano de núcleo rural establece que la altura máxima permitida es de bajo y una planta.

El concejal de Urbanismo, Juan Leirós, firmó en 2017 la resolución de derribo, en la que daba un mes de plazo a los interesados para que presenten el proyecto de demolición y otro mes para ejecutar el derribo. En caso de no hacerlo, anunció sanciones y la ejecución subsidiaria que ahora tramita.

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