El PP y el BNG de Cerceda exigen al alcalde, José García Liñares, que dimita después de que la Audiencia Provincial haya confirmado la condena a ocho años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por un delito de prevaricación administrativa condena a ocho años de inhabilitaciónprevaricación administrativa al constatarse irregularidades en la contratación de las obras del jardín botánico en 2015. Las dos formaciones coinciden en que Liñares debe irse antes de que sea el juzgado el que ejecute el fallo. Mientras tanto, el PSOE evita pronunciarse.
El portavoz del PP, Francisco Santos, que fue el que presentó la denuncia en Fiscalía que ha acabado con la condena, asegura que el regidor "debería irse sin esperar a que llegase la orden de ejecución de la sentencia". "Ahora ya creo que la sentencia es firme y se tiene ir. Por tanto, la dimisión es voluntaria entre comillas", afirma. También señala que en caso de que el juzgado no mande la orden de ejecución del fallo que inhabilita a Liñares será el PP el que lo solicite. Santos, además, denuncia que desde que presentó la denuncia sobre las obras del botánico nunca pudo explicar su versión en la televisión municipal.
El PP también exige responsabilidades al secretario general del PSOE autonómico, Gonzalo Caballero, al que le reclama que "no se esconda y que tome cartas en el asunto" y cese de inmediato a García Liñares.
El BNG afirma que ha quedado demostrado que "se ha cometido un delito contra el pueblo de Cerceda" y que el alcalde "tiene que presentar la dimisión", según afirma su portavoz, Alberte Sánchez.
El PSOE provincial evitó ayer pronunciarse sobre la situación de Liñares, que encabezó las listas de los socialistas en las pasadas elecciones municipales.
Los magistrados de la Audiencia que analizaron el caso concluyen que el alcalde de Cerceda "encomendó verbalmente la realización" del acondicionamiento del botánico, con un coste de 300.000 euros, "cuando el expediente administrativo estaba en un estadio inicial", es decir, no había sido adjudicado. "Esa contratación verbal sencillamente no es disculpable. Es una ilegalidad burda, que demuestra el móvil de hacer prevalecer una voluntad propia contraria a Derecho". La obra ya estaba en marcha el 31 de marzo de 2015 y el decreto de adjudicación no tuvo lugar hasta el día 10 de abril, según recoge la sentencia de los jueces de la sección primera.
El fallo considera probado que en el botánico el día 1 de abril "estaban trabajando al menos tres operarios, con varias excavadoras, en una de las cuales" figuraba "el nombre de la empresa SYR AMG".
