Visiblemente emocionado, el alcalde de Cerceda, José García Liñares (número 1 de las listas del PSOE en las municipales), ha anunciado esta mañana que en “pocos días” presentará su “dimisión irrevocable” después de que la Audiencia Provincial de A Coruña confirmase la condena a ocho años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo o empleo público por un delito de prevaricación administrativa al constatarse irregularidades en la contratación de las obras del jardín botánico que se realizaron en 2015. De este modo, dejará el cargo de regidor poca antes de cumplir 25 años al frente del Concello.
“En los próximos días presentaré mi renuncia irrevocable a cargo de alcalde. Haremos una transición ordenada. Queda un equipo sólido, en buenas manos y de reconocida solvencia”, afirmó. La decisión de Liñares llega después de que su situación jurídica fuese insostenible, con una sentencia firme que lo inhabilitaba. Tras el fallo de primera instancia, se negó a marcharse a pesar de que la Ley de Régimen Electoral considera incompatible con la condición de concejal la condena por sentencia, "aunque no sea firme", por delitos contra la Administración pública, como es este caso.
El regidor hace pública su salida seis días después de conocerse el fallo, que considera probado que Liñares "encomendó verbalmente la realización" del acondicionamiento de las lagunas del botánico, con un coste de 300.000 euros, "cuando el expediente administrativo estaba en un estadio inicial", es decir, no había sido adjudicado. García Liñares señaló que abandona el cargo debido a que considera que no debe “prolongar innecesariamente una situación que puede causar inestabilidad municipal”. También indicó que aunque la setencia era "firme" podría recurrirla en otras instancias superiores.
"Me siento tranquilo. Me voy con la conciencia totalmente tranquila. No perjudiqué a nadie. Mi presencia en el Concello no hace más que retrasar las cosas", aseguró.
El PP, el BNG y el secretario municipal fueron blancos de García Liñares ayer en el anuncio de su salida después de casi un cuarto de siglo al frente del Concello de Cerceda. "No me apartan del cargo de alcalde ni el PP, ni el BNG ni el secretario", afirmó. Se centró especialmente en los populares, a los que acusó de pretender "ganar en el juzgado lo que nunca consiguieron en las elecciones". "Acusar sin dar la cara", señaló. El portavoz del PP, Francisco Santos, fue el que presentó la denunciar ante la Fiscalía de que habían empezado unas obras antes de ser adjudicas.
Un periplo judicial que arrancó en 2015
La condena de Liñares tiene su origen en obras para ejecutar unas lagunas del jardín botánico de O Acevedo en el mes de marzo de 2015, pocas semanas antes de la celebración de las elecciones municipales. En ese momento, el PP presentó una denuncia en la Fiscalía al comprobar que los trabajos, que ya estaban en marcha, no habían sido adjudicados, con lo que no contaban con ningún soporte legal.
El Juzgado de lo Penal, tras concluir la instrucción del caso, decretó la apertura del juicio oral contra el alcalde de Cerceda en 2018. Entonces arrancó un largo periplo por los juzgados. En enero de 2019 se conoció que el juzgado lo había condenado a año y medio de prisión y a 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público por incurrir en prevaricación y fraude a la Administración en las obras de las lagunas naturalizadas del jardín botánico ejecutadas en 2015. La Audiencia Provincial anuló el fallo y ordenó repetir el juicio debido a que quedó comprometida la "imparcialidad judicial". Lo hizo en abril de 2019, poco antes de las municipales. Con este fallo, Liñares pudo presentarse a las municipales, en las que logró repetir la mayoría absoluta.
El juicio sobre este caso se celebró de nuevo a finales del pasado julio. El juzgado, con otro magistrado al frente, lo condenó a ocho años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo o empleo público por un delito de prevaricación administrativa. El alcalde se negó a dimitir y recurrió el procedimiento a la Audiencia Provincial, que hace una semana confirmó el fallo.
Los magistrados de la Audiencia que analizaron el caso concluyen que el alcalde "encomendó verbalmente la realización" del acondicionamiento del botánico, con un coste de 300.000 euros, "cuando el expediente administrativo estaba en un estadio inicial", es decir, no había sido adjudicado. "Esa contratación verbal sencillamente no es disculpable. Es una ilegalidad burda, que demuestra el móvil de hacer prevalecer una voluntad propia contraria a Derecho". La obra ya estaba en marcha el 31 de marzo de 2015 y el decreto de adjudicación no tuvo lugar hasta el día 10 de abril, según recoge la sentencia de los jueces de la sección primera.
