El PSOE ha evitado hasta ahora pronunciarse sobre la situación del alcalde de Cerceda, José García Liñares, después de que la Audiencia Provincial haya confirmado la condena a ocho años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por un delito de prevaricación administrativa al constatarse irregularidades en la contratación de las obras del jardín botánico en 2015. El presidente de la formación a nivel provincial, Valentín González Formoso, señaló ayer que el regidor, que encabezó las listas de los socialistas en las municipales del pasado año, "ya no es militante del partido" y en todo caso, "es una cuestión que acaba de surgir" y que será analizada "en la próxima reunión de la Ejecutiva provincial".

El regidor tiene previsto hablar hoy por primera vez tras conocerse el fallo que ratifica que cometió un delito de prevaricación administrativa y que no es recurrible. Tiene previsto desvelar su futuro. Lo hará en la televisión municipal cercedense, según anunció ayer este medio de comunicación.

Los que ya han dejado clara su postura han sido el PP y el BNG, que han exigido al alcalde cercedense que dimita después de que la Audiencia Provincial haya ratificado la inhabilitación que había dictado otro juzgado. Las dos formaciones coinciden en que Liñares debe irse antes de que sea el juzgado el que ejecute el fallo.

El portavoz del PP, Francisco Santos, que fue el que presentó la denuncia en Fiscalía que ha acabado con la condena, aseguró que el regidor "debería irse sin esperar a que llegase la orden de ejecución de la sentencia". "Ahora ya creo que la sentencia es firme y se tiene ir. Por tanto, la dimisión es voluntaria entre comillas", afirmó. También señaló que en caso de que el juzgado no mande la orden de ejecución del fallo que inhabilita a Liñares será el PP el que lo solicite.

El BNG afirmó que ha quedado demostrado que "se ha cometido un delito contra el pueblo de Cerceda" y que el alcalde "tiene que presentar la dimisión", según indicó su portavoz, Alberte Sánchez.

Los magistrados de la Audiencia que analizaron el caso concluyeron que el alcalde de Cerceda "encomendó verbalmente la realización" del acondicionamiento" de las lagunas "del botánico", con un coste de 300.000 euros, "cuando el expediente administrativo estaba en un estadio inicial", es decir, no había sido adjudicado. "Esa contratación verbal sencillamente no es disculpable. Es una ilegalidad burda, que demuestra el móvil de hacer prevalecer una voluntad propia contraria a Derecho", recogía el fallo. La obra ya estaba en marcha el 31 de marzo de 2015 y el decreto de adjudicación no tuvo lugar hasta el día 10 de abril, según recoge la sentencia de los jueces de la sección primera.