La Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado los últimos recursos posibles contra la apertura de juicio oral que decretó un auto, hace un año, por la gestión del festival Brincadeira, celebrado en Cambre en 2012. Los jueces estiman solo la reclamación de los acusados de rebajar la fianza, que había elevado un auto anterior. Fijan la primera cuantía dictada, 446.866 euros, frente a los 595.821 euros que se establecieron en el auto de aclaración. Consideran que el incremento de la cuantía excede las funciones de ese trámite, previsto para aclarar "conceptos oscuros" o rectificar errores materiales. En el juicio comparecerán como acusados por presunta prevaricación el exalcalde de Cambre, Manuel Rivas; los exconcejales de su Gobierno Santiago Ríos (Cultura) y Felipe Andreu (Régimen Interior y Contratación); y otras cinco personas y dos entidades relacionadas con la organización del festival, que generó pérdidas que el Ayuntamiento no llegó a recuperar de las empresas.

El último auto, con fecha del pasado 12 de septiembre, estima la reclamación de rebajar la fianza, aunque no la cuantía solicitada por los acusados, que solicitaban uno fijarla en 213.328 euros y otro, dejarla sin efecto o rebajarla a 160.000 euros y limitarla a solo parte de los acusados. Antes, los acusados habían recurrido el auto de apertura de juicio oral y en el auto de aclaración se elevó la fianza, incremento que ahora queda anulado. Contra el escrito del mes pasado no cabe recurso ordinario alguno. Falta ahora que los jueces fijen fecha para la celebración del juicio.

Los acusados serán juzgados por presunta prevaricación por aportar 240.000 euros de las arcas municipales a las empresas organizadoras del festival Brincadeira "sin exigirles garantía alguna de la recuperación de tal suma", incidió el Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña en el auto de apertura de juicio oral. El Ayuntamiento solo llegó a recuperar 80.000 euros de esa inversión, dictó la jueza.

La Fiscalía solicita penas de cinco años y seis meses de cárcel para Rivas, los dos exediles y otros tres acusados, promotores del festival, por prevaricación administrativa, con inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para todo empleo o cargo público relacionado con la gestión municipal, "incluyendo expresamente los cargos de alcalde y concejal, por tiempo de ocho años". Considera a Santiago Ríos, exedil de Cultura, "cooperador necesario de la prevaricación y autor de la malversación", especificaba el auto que dictaba la apertura de juicio.

Para el expropietario de una de las promotoras, LP 45 Producciones (hoy Benpenas), M.L.C., y las dos personas que adquirieron la empresa después del Brincadeira, I.S.P. y A.P.T., el Ministerio Fiscal pide penas por blanqueo de capitales, cinco años para M.L. y cuatro para I.S. y A.P., con inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de condena y multa de 480.000 euros, el doble de la cantidad que las empresas percibieron del Concello.

Para LP 45 Producciones, a la que imputa delito de estafa y blanqueo de capitales, pide cuatro años de multa de 200 euros diarios, unos 292.000 en total. Respecto a Iceberg Audiovisual SL, la otra promotora, pide por estafa multa de 960.000 euros. De no abonar las finanzas, se embargarían bienes por su valor.