Todos los concellos de la comarca de Betanzos disponen de una ordenanza para regular las talas y evitar los daños en viales públicos y propiedades particulares salvo Coirós, Oza-Cesuras y Vilarmaior, tres municipios con una importante actividad forestal que carecen de una normativa que obligue a los maderistas a depositar una fianza para hacer frente a posibles desperfectos.
Un caso particular lo representa Miño, que aprobó una normativa en 1999 que según la base de datos de la Diputación permanece en vigor, pero que supuestamente habría quedado derogada a través de un cambio en el plan general aprobado en 2018, según una orden publicada en el Diario Oficial de Galicia del 18 de julio de 2018. El propio Ayuntamiento tiene sus dudas al respecto y el nuevo alcalde, el socialista Manuel V. Faraldo avanzó ayer su intención de redactar de todos modos una nueva normativa "adaptada a la situación actual", dado que la de 1999 está muy desactualizada, hasta el punto de que el importe de las sanciones figuran en pesetas.
Los daños provocados por las operaciones de tala y carga de madera provocan numerosas quejas vecinales en todos los municipios del área y han llevado a concellos como Curtis a modificar recientemente su ordenanza para ampliar los requisitos tras constatar el incumplimiento reiterado de la normativa y los importantes desperfectos en caminos y viales, que llegan a quedar inaccesibles. En la misma línea se manifestó ayer el Concello de Miño, que lamentó el "destrozo constante de las vías" y se comprometió a regular la situación "para amparar la los vecinos". "Estudiaremos cuál es la opción más viable para todas las partes", avanzó el regidor, Manuel Faraldo, a consulta de este medio.
El Concello de Oza-Cesuras manifestó su intención de regular la actividad para mitigar los daños tras reclamar el PSOE insistentemente medidas ante los desperfectos que la actividad maderera provoca en viales y sendas. "En el próximo pleno se propondrá un plan de actuación con vistas al próximo año novedoso y único", afirmó el alcalde, Pablo González en septiembre de 2019. Desde entonces, lamentan los socialistas, no han trascendido novedades.
En la comarca betanceira, las normas y sanciones a las que se enfrentan los maderistas por una gestión indebida varían notablemente. Betanzos, Bergondo y Vilasantar son los concellos que imponen multas más altas por infracciones graves, de hasta 3.000 euros. Curtis ocupa un término intermedio, con sanciones de hasta 1.500 euros y Aranga fija en 1.000 euros la multa máxima.
Paderne y Miño todavía fijan el importe de las multas en pesetas: 25.000 pesetas en ambos casos (150 euros). En Irixoa, la cuantía más alta para castigar una infracción está fijada en 200 euros.
