01 de febrero de 2020
01.02.2020
Audiencia previa al juicio por la titularidad del pazo de Meirás

El Estado apela a donaciones forzosas y los Franco ven "irrelevante" ese dato para la causa por el pazo de Meirás

El juicio será en julio tras no llegar a un acuerdo. El letrado de la familia alega que el dinero "no salió del bolsillo del dictador", tampoco "de la Administración"

31.01.2020 | 23:21
De izq. a dcha., los abogados de A Coruña, Sada, Xunta y la Abogacía del Estado, ayer, en la vista previa.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña acogió ayer la audiencia previa al juicio sobre la titularidad del pazo de Meirás, propiedad de los herederos del dictador Francisco Franco, y que el Estado reclama para el patrimonio público. La vista, que habitualmente no es más que un mero trámite para dar a las partes la oportunidad de llegar a un acuerdo, fijar con precisión el objeto del pleito y aportar posibles pruebas, se demoró durante más de tres horas. Como era previsible, las partes no han llegado a un acuerdo y el juicio arrancará el próximo 6 de julio.

La Abogacía del Estado y los letrados de la Xunta y los ayuntamientos de A Coruña y Sada intentaron aportar pruebas que sustentasen su petición de declarar nulo por "fraudulento" el contrato de compraventa de 24 de mayo de 1941 del pazo por 85.000 pesetas suscrito entre Francisco Franco (representado por Pedro Barrié de la Maza) y la propietaria del inmueble y que quedaría invalidado por la existencia de una escritura pública anterior, del 5 de agosto de 1938, descubierta recientemente, en el que la propietaria, Manuela Esteban Collantres y Sandoval vende a la Junta Pro Pazo el inmueble por 406.346 pesetas.

Las administraciones públicas centraron también sus respectivas intervenciones en intentar demostrar que el pazo no solo fue adquirido con fondos públicos, donaciones forzosas y descuentos en nóminas de funcionarios si no que además fue mantenido por la Administración durante toda la dictadura. Dos extremos que apuntalarían su tesis de que el pazo es propiedad del Estado por usucapión como bien de dominio público y que los Franco "no son poseedores de buena fe".

Los representantes legales de los herederos del dictador quisieron dejar al margen "consideraciones histórico-jurídicas" y centrar el debate en demostrar la legalidad de la escritura pública de compraventa de 1941 y en reducir las aportaciones de la Administración en el mantenimiento del pazo de Meirás a las derivadas de su uso como "residencia veraniega del Jefe del Estado".

Los Franco, representados por el despacho de Luis Felipe Utrera, defendieron que la escritura de 1938 no tenía validez porque la propietaria todavía no había tramitado el título sucesorio. El abogado Antonio Gil admitió que el dinero de la compra "no salió del bolsillo" de Franco, pero argumentó que tampoco fue pagado por la Administración y recalcó que la voluntad de todas las partes que intervinieron en el proceso era donar a Franco la propiedad a título particular y no por su cargo.

Los letrados de los Franco admitieron que el Estado asumió el mantenimiento del pazo durante la dictadura, pero solo "como residencia oficial" y recalcaron que el dictador asumió otros gastos "vinculados a la propiedad inmobiliaria", como el pago de la contribución o los derivados de la explotación de la granja.

Sobre las donaciones forzosas de vecinos para la adquisición del pazo de Meirás a las que apeló el abogado del Estado, los letrados de los Franco no dudaron en tachar ese dato de "irrelevante" para la causa. "Con total franqueza, no lo sabemos. Habría gente que haría aportaciones voluntarias y otras personas se sentirían forzadas. Es un extremo irrelevante, porque ese dinero no salía del bolsillo del comprador ni de la Administración, sino de particulares que no son parte en esta causa. A efectos de este litigio es un dato irrelevante, se trata de demostrar si hubo usucapión y el dinero no salió del bolsillo del Estado", adujo el abogado Antonio Gil, que se negó a admitir que todas las donaciones fuesen forzosas y que en otro momento de la vista, negó sin embargo que fuese un proceso "coactivo".

Los abogados de los Franco se centraron en restar importancia a las aportaciones de la Administración para la compra del pazo, que definieron como "meramente testimoniales" y en poner en entredicho que los descuentos en nóminas de funcionarios fuesen forzados.

El abogado del Estado, Javier Suárez, que en la demanda solo aportó como prueba una donación de 25.000 pesetas del Ayuntamiento de A Coruña, presentó una alegación complementaria en la vista para aportar más pruebas de otras aportaciones de concellos y alegó que si solo había aportado una en la demanda era con carácter "orientativo". Los representantes legales de los Franco se opusieron y la jueza les dio la razón al entender que la petición era extemporánea.

Lo que sí aceptó la jueza fue la petición de la Abogacía del Estado de requerir al Ayuntamiento de Ferrol documentos que acrediten que fue este consistorio el que abonó la contribución del pazo de Meirás y no el dictador, como sostienen los Franco. Se trata de un dato relevante, dado que es uno de los puntales en que basan los herederos del dictador su reivindicación del pazo. La jueza también aceptó otra alegación de la Abogacía del Estado dirigida a probar con documentos de la Casa Civil que Franco no asumió los gastos de la explotación agrícola y ganadera, sino que fue sostenida por fondos y personal de la Administración.

El juzgado también aceptó una alegación complementaria del Ayuntamiento de A Coruña, que apeló a la existencia de documentos que acreditan que el Consistorio contribuyó en el mantenimiento del pazo durante la dictadura.

Peor suerte corrieron las alegaciones de la familia Franco. La jueza no aceptó la apelación a un artículo del código civil con la que los abogados de los herederos del dictador pretendían defender que el Estado habría renunciado a la posesión del pazo por el "abandono" en el que quedó la propiedad tras la muerte de Franco. La Abogacía del Estado negó este extremo y justificó el retraso en presentar la demanda porque fue preciso un "proceso largo y complejo de investigación" para recabar las pruebas.

La defensa de la familia Franco defendió que el Estado no actuó con el pazo de Meirás igual que con otros bienes demaniales "como el Palacio del Pardo". Incidió en que la Administración abandonó la propiedad tras la muerte del dictador y que fue la familia la que asumió el mantenimiento, aunque reconocieron que el pazo dispuso de un guardia civil hasta 1989. El letrado apuntó a la inversión realizada por la familia para la rehabilitación y en el hecho de que hicieron uso del pazo en democracia de forma continuada, pacífica e incontrovertida y que el propio Estado hizo reconocimientos explícitos de que la propiedad pertenecía a los herederos del dictador.

Los Franco han pedido la declaración como testigos del secretario particular de la viuda de Franco, Carmen Polo, Esteban Medina Mancebo; y a un partícipe de la rehabilitación del pazo y a la vez suegro de una de las nietas demandadas (Arancha Martínez-Bordiú): Fernando Quiroga Piñeiro.

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