Los propietarios afectados por el próximo derribo del edificio de 38 pisos en el Camiño de Fiunchedo en Sada presentaron hace unos tres meses un proyecto de plan especial de reforma interior para legalizar este inmueble con licencia anulada por sentencia firme y evitar así la demolición. Sin embargo, según confirmaron fuentes municipales, el Concello les requirió que subsanasen deficiencias en este documento, "de tipo jurídico". En pocos días finaliza el plazo para que presenten de nuevo el proyecto, corregido, para que sea informado por los técnicos municipales, que tendrán que comprobar que se ajusta al plan general y a la normativa urbanística.

Si todo está correcto, comenzará la tramitación del plan especial: se aprobará de forma inicial y se someterá a información pública un mínimo de dos meses, con notificación a los colindantes y solicitando informes sectoriales a otros organismos, que tienen un plazo de tres meses para resolver.

Finalmente, si todo va bien, el Concello otorgará la aprobación definitiva. Sin embargo, la aprobación de un plan especial no evita una demolición. Primero tendría que estar aprobado y en vigor dicho plan y los proyectos de reparcelación y urbanización para que el Concello otorgue licencia de legalización y después presentar un incidente de inejecución de sentencia ante el juzgado. Si el juez lo estima, se evitaría el derribo.

El Ayuntamiento sadense acaba de sacar a contratación la demolición de este edificio residencial por 668.580 euros debido a que el último plazo otorgado por el juzgado para cumplir la sentencia es abril de este año. No obstante, la demolición no se ejecutaría si finalmente se logra legalizar este bloque de viviendas que se levantó con exceso de edificabilidad, por lo que de forma paralela los afectados tratan de evitarlo con el plan de reforma interior. Son 38 pisos pero solo están ocupados alrededor de una docena.

"Nosotros somos de Venezuela, compramos esto para vacacional, aunque ahora por la situación de allá ya vivimos más tiempo aquí. Pero no estamos muy enterados de lo que pasa con este edificio", contaba ayer el propietario de uno de los pisos del segundo bloque de este inmueble con orden de demolición.

El alcalde de Sada, Benito Portela, destacó ayer que en todo momento han informado a los afectados de los trámites y de la licitación y están a la espera de que presenten el plan especial con los cambios solicitados. La demolición se ejecutará en ejecución subsidiaria, después se les pasará la factura, más de 668.000 euros, a la empresa promotora, O Meu Lar. Esta sociedad recurrió el decreto de ejecución subsidiaria de la demolición y solicitó su suspensión cautelar en el juzgado, además de recurrir el importe y que el Concello le cobre el coste.

El plan especial que presentaron los afectados planteaba destinar parte del edificio a vivienda pública protegida y habilitar 4.600 metros cuadrados de espacios libres públicos, además de otra superficie para espacios libres privados, aparcamientos y ampliación de viario.