La familia Franco ha aportado una serie de documentación por la demanda interpuesta por el Estado y a la que se adhirieron los ayuntamientos de Sada y de A Coruña y la Xunta, que reclaman la incorporación al Patrimonio Nacional del Pazo de Meirás. Los herederos del dictador quieren "hacer valer" que el inmueble es propiedad suya, para lo que han adjuntado pólizas de seguros y declaraciones de la contribución general sobre la renta del pazo.

La documentación, a la que ha tenido acceso Europa Press y adelantó la Cadena Ser, incluye las declaraciones de la renta de Francisco Franco Bahamonde del año 1960 sobre el ejercicio 1959 y del año 1958, en la que se incluye el Pazo de Meirás como propiedad, y pólizas de seguros contra incendios para el inmueble. Los papeles incluidos en la causa son documentación aportada para el juicio, que se celebrará entre el 6 y el 10 de julio, tras la vista preliminar que se celebró el pasado 31 de enero en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña y que finalizó tres horas y media después sin acuerdo entre las partes.

El abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera Molina, destacó ayer que toda la documentación aportada, que "no ha sido impugnada" por las partes personadas como demandantes, trata de "hacer valer" que el pazo era considerado "una propiedad privada". En las declaraciones aportadas también se incluyen los rendimientos agrícolas por propiedades destinadas a cultivos, como se recoge en los papeles incorporados a la causa.

Entre la documentación aportada figuran dos pólizas de seguros en caso de incendios, contratadas con Covadonga Sociedad Anónima de Seguros para proteger los bienes incluidos en el pazo. Una de las pólizas se contrató en abril de 1940 y aseguraba por un capital de 1,5 millones de pesetas, de los cuales 750.000 pesetas son sobre el pazo; 500.000, sobre el mobiliario; y 250.000, para joyas, condecoraciones, cuadros y objetos de arte, porcelanas, biblioteca y "piano y objetos raros y preciosos". Este seguro se contrató por un plazo de diez años y con un coste de 3.456 pesetas anuales. Los Franco han aportado otra póliza, también por diez años de duración, desde el 11 de septiembre de 1959 hasta el mismo día de 1969, que aseguraba un capital de 2,5 millones de pesetas, con un coste de la prima de 4.788 pesetas al año.

La documentación aportada también incluye un informe de la Abogacía del Estado de abril de 2018, cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy, en el que se examinaba la reclamación de la Diputación sobre el Pazo de Meirás. En este escrito, la institución del Estado concluye que "aunque fue una de las dos residencias oficiales veraniegas del jefe de Estado (...) desde 1941 a 1975, al no haber sido nunca propiedad del Estado, ni pudo ni puede integrarse en Patrimonio Nacional". "El Consejo de Administración de la entidad no se halla legitimado para su reivindicación", concluye. En su demanda, la actual Abogacía del Estado plantea que fue el Ayuntamiento de Ferrol y no Franco quien abonó el impuesto de contribución. Lo expuso en las alegaciones de la vista y la jueza admitió hacer el requerimiento necesario para que se aporte la documentación que conste en el Consistorio.

El letrado sostuvo que había una explotación agraria de la que se hacía cargo en determinadas cuestiones la Administración central y que se mantuvo con vigilancia de la Guardia Civil hasta 1990. Los Franco, sin embargo, defienden que Franco consideraba el pazo suyo y por eso contrató pólizas de seguros y tributó por los rendimientos agrícolas. Añade que, si el pazo fuera público, "estaría exento" del IBI.