12 de febrero de 2020
12.02.2020

El Superior condena a Carral a readmitir e indemnizar a una falsa autónoma

La sentencia dicta que es nulo el despido de la trabajadora embarazada y juzga probada la relación laboral con el Concello || Fija la indemnización en 12.000 euros

11.02.2020 | 22:07
Una exposición de trabajos de escolares en la Casa da Cultura de Carral.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado al Ayuntamiento de Carral a readmitir a una falsa autónoma que trabajaba para el Concello como asistente y profesora de informática cuando estaba embarazada de su segundo hijo. La sentencia considera nulo el despido por vulnerar los derechos fundamentales y considera probada la relación laboral con el Concello, por lo que le ordena su readmisión inmediata en las mismas condiciones, abonar los salarios que dejó de percibir desde su despido „en febrero de 2018„ por 36,13 euros al día e indemnizarla con 12.000 euros. Contra el fallo cabe interponer recurso de casación.

El Superior estima el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 6 de A Coruña de junio de 2019 y la revoca salvo en la parte en que absuelve a la empresa a través de la cual fue contratada en el inicio de su relación laboral con el Concello carralés. El fallo desestima el recurso del Ayuntamiento y le impone las costas.

La sentencia destaca que la demandante fue "la única persona que atendió el servicio de informática del Ayuntamiento" de 2009 a 2017. En febrero del 2018, fue despedida tras notificar que tenía que realizar un receso en sus funciones por una baja médica debida a cuestiones de salud relacionadas con su embarazo. El Ayuntamiento contrató a otra empresa para los servicios de informática. La trabajadora había solicitado a finales de 2017 que el Concello reconociera la relación laboral y presentó denuncia en Inspección de Trabajo. El Concello rechazó reconocer esta relación y en febrero la despidió.

El Superior cita hechos probados como que la trabajadora tenía un despacho en dependencias municipales y un juego de llaves y una dirección de correo del Concello a su nombre. Además, acudió a formaciones con personal del Ayuntamiento y coordinó sus horarios con el Gobierno local del momento (PP).

La CIG, que afirma haber asesorado a la trabajadora, afirma que "este caso es un ejemplo de la precariedad que se da en las administraciones públicas, que recurren a las prácticas más lesivas con los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores (en este caso mediante la fórmula del falso autónomo) para cubrir servicios permanentes y que, cuando el personal reivindica sus legítimos derechos, actúa como la patronal más agresiva, despidiendo y vulnerando los derechos fundamentales". Critica que "la Administración es la primera en incumplir de modo reiterado el sistema de contratación en busca de la trampa y siendo de lo más lesivo con contra el personal trabajador a su cargo".

El actual Gobierno local de Carral lamenta que "una vez más" deberá "asumir los errores de sus antecesores" y "pagar una importante suma de dinero". Apunta que el anterior Ejecutivo, que dirigía José Luis Fernández Mouriño, "el Gobierno tomó la solicitud de un receso en el trabajo a causa del embarazo como una baja voluntaria". Recuerda que en octubre el TSXG condenó al Concello a pagar 116.000 euros a una promotora.

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