15 de febrero de 2020
15.02.2020

El Gobierno rechaza la supresión del peaje de Pastoriza propuesta por Xunta de Galicia y Arteixo

Considera que la iniciativa es "lesiva" y se niega a negociar porque asegura que le supondría un gasto de 138 millones en liberar la AG-55 y en obras

14.02.2020 | 21:21
Vista de las cabinas de peaje de Pastoriza, en la AG-55.

La propuesta de la Xunta y del Concello de Arteixo para negociar el convenio para suprimir el peaje de Pastoriza, en la AG-55, y evitar un fallo judicial se ha encontrado con la rotunda negativa del Gobierno central. La respuesta que ha presentado la Abogacía del Estado ante la Audiencia Nacional recoge que "el acuerdo planteado entre Administraciones es claramente lesivo" y causa un importante "quebranto" al Ministerio de Transportes (antes Fomento) "al suponer una inversión estimada en 138 millones de euros" en obras y en la liberalización de la vía.

El borrador de convenio que rechaza el Ejecutivo central supondría la renuncia a la ejecución de la denominada cuarta ronda, con un coste estimado de 27 millones, y que el tramo de la autopista entre A Coruña y Arteixo, un vial de titularidad autonómica, pasase a manos del Estado, que debería abonar una indemnización de 19 millones de euros a la concesionaria, Autoestradas de Galicia. La argumentación del Gobierno central es que la inversión que debería realizar sería muy superior, de 138 millones. Esta cifra es el total del cálculo de la eliminación del peaje y la ejecución de mejoras en la AG-55 y la construcción del enlace de Meicende.

En la respuesta presentada ante la Audiencia Nacional, el Estado afirma que dispone de un estudio de hace seis años en el que calculó que la eliminación del peaje asciende a 61,4 millones de euros, frente a los 19 del convenio que proponen la Xunta, titular de la concesión, y Arteixo.

Parte de la cantidad restante hasta llegar a los 138 procede de la ejecución del enlace de Meicende, un acceso a la ya existente autovía al puerto, en el que el Gobierno asegura que sería necesaria una inversión de 17 millones de euros (el estudio del departamento estatal que anunció en 2015 lo fijaba en 8,5 millones). Los otros 60 millones corresponderían a la construcción de un tercer carril por sentido a lo largo de siete kilómetros en la AG-55. El argumento del Estado para realizar esta obra es que el vial sufriría un aumento de tráfico muy importante.

En concreto, la respuesta de la Abogacía del Estado es que la autopista asumiría todo el tráfico de la AC-552, unos 22.000 vehículos de media cada día; la AC-415, con 10.000; y los 15.000 de la propia vía de alta capacidad. La tesis que plantea el Estado supondría que los dos primeros viales se quedarían sin tráfico alguno.

La representación legal del Ministerio de Transportes defiende que la cuarta ronda, una carretera de 2,9 kilómetros cuyo proyecto actual no prevé accesos a Pocomaco y Vío, es "funcionalmente necesaria, económicamente eficiente y ambientalmente sostenible".

"Es una actuación que viene siendo demandada por el Ayuntamiento de A Coruña y todos los polígonos industriales, precisamente por su importancia ambiental y de seguridad vial al drenar los vehículos pesados y de mercancías peligrosas que actualmente transitan por vías urbanas con importante población", detalla el Ejecutivo.

Reacciones a la negativa

La Xunta considera "especialmente lamentable" que el Ministerio de Transportes "base su negativa en la defensa de los intereses económicos de la concesionaria de la autopista", que "se anteponen en esta ocasión al interés general". "Hay que tener en cuenta que la propuesta fue formulada como un punto de partida sobre el que establecer un diálogo y una negociación encaminados a solucionar todos los problemas existentes", afirma el Gobierno gallego.

El alcalde arteixán, Carlos Calvelo, también critica que el Gobierno hable de unas cifras favorables para la concesionaria. También señala que es "grave no tener una mesa de negociación". "Es un ataque continuado al Ayuntamiento de Arteixo", afirma.

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