22 de febrero de 2020
22.02.2020

Cambre aprobará el plan de Malasa para evitar el pago de 1,2 millones

El Gobierno local afirma que debería abonar esa cantidad si no recalifica las naves de Costa da Tapia para dejar paso a viviendas

21.02.2020 | 21:27

El pleno municipal de Cambre abordará el próximo jueves la propuesta del Gobierno local para recalificar los terrenos de las naves en desuso de Costa da Tapia propiedad de la empresa Malasa para que en ellos puedan construirse viviendas. El Ejecutivo municipal justifica esta iniciativa con el argumento de que formaba parte de un acuerdo alcanzado por el Concello con la compañía en el año 2000 y que su incumplimiento obligaría al pago de 1,2 millones de euros.

Para evitar el abono de esa cantidad, el Concello convertirá ense suelo, ahora calificado como urbano no consolidado, en consolidado, a través de las normas subsidiarias de planeamiento, en el que también se incrementará la edificabilidad autorizada, de forma que se permitirá construir cinco metros cuadrados por cada metro de superficie y la altura de los inmuebles será de cuatro plantas y un bajo. El Gobierno local explica que esta modificación debería haberse realizado a través del Plan General de Ordenación Municipal, cuya aprobación está prevista para este mandato, aunque el concejal de Urbanismo e Obras, Juan González Leirós, asegura que el Concello "no puede esperar" a ese trámite.

Cesión de parcelas

Malasa cedió al Concello en 2000 una parcela de O Temple cerca del cuartel de la Guardia Civil y otra en A Barcala con el compromiso de lograr un aumento de la edificabilidad en sus terrenos de Costa da Tapia. El retraso producido en el cumplimiento del acuerdo por parte del Concello hizo que ambas partes optaran por cambiar las normas urbanísticas vigentes. La Consellería de Medio Ambiente ya examinó la propuesta y decidió que no fuera sometida a una evaluación estratégica ordinaria al no preverse efectos ambientales significativos.

En el plan, Malasa señala que el cambio generará un "beneficio para el interés general" y alude al "perjuicio" causado por el incumplimiento del convenio. Si el pleno respalda la modificación, será expuesta al público durante dos meses y luego se solicitarán los informes necesarios para su aprobación definitiva.

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