El dueño de Industrias Caamaño, Manuel Caamaño „exconcejal del PP de Culleredo„, y dos de sus hijos han sido condenados a cuatro años de prisión por estafa procesal e insolvencia punible y un tercer heredero ha sido sentenciado a dos años de cárcel por el segundo de los delitos. La Audiencia Provincial considera probado que los acusados "actuaron sobre sus bienes propios para situarlos fuera del alcance de los acreedores" y así "evitar el cobro de las cantidades reconocidas judicialmente" por un fallo de 2010, que ascendían a 250.9974,08 euros. Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
La Audiencia dicta que los cuatro condenados realizaron operaciones y utilizaron la "tapada relación" de Industrias Caamaño y Procayca con una tercera sociedad, Tracerox, para actuar a través de la tercera con el fin de impedir que los acreedores de una deuda por un contrato que no habían cumplido pudieran cobrar la cuantía pendiente. Los condenados firmaron un contrato de opción de compra entre Procayca, representada por uno de ellos e Industrias Caamaño, y un matrimonio sobre una parcela de Pocomaco, que resultó afectada por una expropiación forzosa para el proyecto Eje Atlántico de alta velocidad, en el tramo de Pocomaco a San Cristóbal.
A partir de la frustración de ese acuerdo, "con el propósito de salvar esos bienes de la ejecución y malograr el pago de la deuda contraída con el matrimonio, los acusados idearon y pusieron en práctica un plan de transmisiones o enajenaciones de los bienes o su titularidad y, de esta manera, las fincas registrales se pusieron a nombre de Tracerox, frenando la realización del crédito frente a Manuel Caamaño", relata el fallo.
"El piso de ese acusado en Culleredo pasó a ser de sus nietos y en relación con el piso de la calle Riego de Agua de A Coruña, se estipuló entre los cuatro acusados y ante notario un pacto sucesorio de mejora que hizo a cada uno de los hijos de Conrado, Rubén y Alexandre „los otros tres condenados, hijos de Manuel„ titulares de una tercera parte de la nuda propiedad, con reserva al 100% del usufructo vitalicio para Manuel y su esposa", añade.
"Estamos en presencia de un plan conjunto diseñado con el único objetivo de lo que el fiscal describe como 'evitar que se pudiese hacer efectiva esa cantidad" y con una "sofisticada ejecución", señalan los jueces.
Aprecian una "trayectoria de boicot", con "transmisiones o enajenaciones de los bienes o su titularidad", en la que "se adjudican a raíz de no se sabe qué pago a dos niños" y "el piso de Culleredo también discurre a favor de los nietos del acusado Manuel", además de la "exótica sucesión contractual con reserva del usufructo vitalicio del céntrico piso". Incide en que, trece años después, los acreedores "no han logrado percibir siquiera algo de lo que les corresponde como contraprestación a su efectivo desembolso inicial".
