El Concello de Oleiros ocupó el pasado mes de diciembre los tres chalés de Bastiagueiriño ubicados en la zona verde denominada ZV-10, tras consignar casi 600.000 euros por la expropiación. Al otro lado de la playa, en Bastiagueiro, se ubican una quincena de casas también en zona verde según el plan general, por lo que están en situación de fuera de ordenación, ese suelo es incompatible con el uso residencial. Sin embargo, el Concello no puede expropiarles, al igual que hizo con Bastiagueiriño: se realizó un convenio con parte de los propietarios por el que el Ayuntamiento se comprometió a "no iniciar ni promover ningún procedimiento de expropiación forzosa" durante un plazo de sesenta años a partir de la firma del acuerdo, que se hizo en julio de 1992. Por lo tanto, habrá que esperar hasta el año 2052 para que se cumpla lo que determina el PXOM, que toda esta superficie sea pública. Sin embargo, este plazo pudo haber finalizado antes: el convenio inicial fijaba solo 30 años, así que Oleiros podría haber expropiado ya dentro de dos años, en 2022. Pero el plazo se duplicó a petición del dueño de uno de los chalés.
La situación de las casas de Bastiagueiro no es ajena al proceso de ocupación residencial de otras zonas costeras. En el vuelo americano de 1945 no se observa ninguna construcción cerca de la playa pero en el de 1956 sí que se ven ya construcciones donde está el INEF (antigua escuela de capacitación) y también está, al borde de la arena, la casa, en un terreno hexagonal, del creador de la principal cadena de alimentación gallega. Existen también viviendas hacia Punta Fieiteira.
A partir de estos años cincuenta, se fueron ocupando los terrenos al borde de la playa pero el plan general de 1984 ya incluyó este ámbito como zona verde por primera vez, en una actuación pionera de recuperación del borde costero, que después se tradujo en un plan especial que se aprobó definitivamente en 1990.
El Gobierno local en los años noventa inició la obtención de terrenos para lograr ese objetivo, que todo este ámbito que eran propiedades privadas, muchas ganadas a la playa, fuesen públicas. En unos casos realizó expropiación y en otros, cesiones mediante convenio, para ir haciéndose poco a poco con todas las parcelas.
Mediante un documento privado el 7 de julio de 1992 entre el alcalde Ángel García Seoane, la vecina Isaura Rodríguez Soto y su marido; el empresario Roberto Tojeiro y su esposa; y el constructor Manuel Soto Pérez y su esposa, elevado a público en 1993, estos propietarios cedieron en total más de veinte parcelas de su propiedad al Concello (la mayoría, de Tojeiro).
También se comprometieron a ceder al Ayuntamiento otras nueve parcelas del entorno que no eran suyas pero que preveían comprar (y en caso de no lograrlo, darían como aportación sustitutoria el total del justiprecio de la expropiación forzosa que iniciaría el Concello al ser imposible la compra, presentando un aval que garantizase esa aportación, a razón de 3.750 pesetas el metro cuadrado).
Mediante este convenio el Concello, a cambio de esta cesión de terrenos, se comprometió a no expropiar en un plazo de 60 años, contados a partir de la firma de dicho acuerdo, el 7 de mayo de 1992. Un año antes, uno de los propietarios había presentado una alegación para cambiar el texto inicial del convenio porque fijaba el plazo en 30 años (o sea acababa en 2022), una alegación que fue estimada por el Ejecutivo.
El Gobierno oleirense también aceptó la otra alegación del empresario, que si se viese "compelido legalmente" a expropiar, o lo hiciese otra Administración, tendría que abonar al propietario o a sus herederos la parte proporcional de los terrenos que cedieron así como las aportaciones compensatorias realizadas. Pasados los 60 años, es decir, en 2052, el Ayuntamiento podrá iniciar la expropiación de los terrenos "sin abonar cantidad alguna por los cedidos o aportados".
Años después, en 1998, propietarios con frentes de sus fincas al borde del arenal, como Tojeiro y Soto, se vieron obligados de nuevo a ceder terreno, esta vez por el proyecto para la Recuperación Ambiental del Entorno de la Playa de Bastiagueiro, impulsado por la Dirección General de Costas. Cedieron en otro convenio una anchura de tres metros para conformar el andén que bordea la playa ahora (una de las casas, en ese año 1998, estaba valorada en 7 millones de pesetas).
El Ejecutivo, poco después de este convenio de cesión, también realizó en 1994 un proceso expropiatorio, con tasación conjunta y mutuo acuerdo, que afectó a seis particulares a los que se les pagó a 3.500 pesetas (hoy 21 euros) el metro cuadrado. Cobraron entre 1,3 y 5,4 millones de pesetas, en total entre todos 16,5 millones de pesetas (unos 100.000 euros). Este proceso fue aprobado por la Comisión Provisional de Urbanismo de A Coruña.
Los Servicios Urbanísticos municipales, en un informe de abril de 1994 sobre esta expropiación, destacaban que respecto a dicha expropiación había justificación pero "más problemático" era la "justificación legal" del mutuo acuerdo respecto a otro propietario de Bastiagueiro, Luis Vázquez Silva.
Lo problemático era porque, respecto a este propietario, se acordó retomar el expediente expropiatorio en su fase anterior a la declaración de urgencia de ocupación de los bienes, y permitir que Silva entregase una parcela y parte de la otra, reservándose para él el resto de la finca, con la garantía de la misma promesa que el Concello le hizo a los tres propietarios en el convenio de 1992: no expropiarle el resto de la parcela en los próximos 60 años, o en caso contrario se le indemnizaría.
"Solamente razones de política municipal (economizar una cantidad de dinero [...] pueden amparar este convenio", se destacaba en este informe municipal. En otro informe de los Servicios Urbanísticos municipales de junio de 2015 se aseguraba que a esa fecha, el Concello de Oleiros ya era propietario de más del 60% de los terrenos de este ámbito y cuando terminase el proceso para conseguirlos todos, la superficie total de esta zona verde ZV-2 sería de 48.485 metros cuadrados.
En este informe, además, se constataba que el Concello, con el convenio de 1992 y el de 1998 con los propietarios de los chalés de la zona, había logrado 16.000 metros cuadrados "de forma gratuita" para conformar la zona verde. Se resaltaba además que quedaba "clara la firme voluntad del Concello de destinar la totalidad del suelo de la ZV-2 a usos públicos del sistema general", aunque debido a que era una inversión de "calado", se programaba a "varios lustros".
En este documento municipal se aseguraba que no existía "trato discriminatorio entre los propietarios, sino diferentes formas de obtención de suelo"a lo largo de los años. Este escrito se redactó tras un Contencioso de una propietaria contra el Concello por el proceso de expropiación en esta zona verde y que pidió que también se le aplicase el convenio de cesión de 1992, el que firmó el Ayuntamiento con tres titulares de fincas.
En este pleito (de 2018) un perito explicó que hacía 30 años que esta zona figuraba en distintos planeamientos como zona verde o espacio libre, que había tenido un crecimiento desordenado desde los años cincuenta y que el Ayuntamiento quería cumplir el objetivo de tener un gran parque verde pero también intentaba hacerlo compatible con los intereses privados, "lo que no ha evitado situaciones de agravio". Este arquitecto, sin embargo, no vio "situación arbitraria", en relación a que unos fueron expropiados y otros pudieron firmar un acuerdo con el Concello para no serlo también en un plazo de sesenta años.
