El Juzgado de lo Penal ha condenado por segunda vez a dos directivos de la maderera de Infesta, Tafiber (ahora Betanzos HB), por un delito contra la seguridad e higiene en el trabajo. El juez Antonio Vázquez Taín ha impuesto una pena de seis meses de prisión y al pago de 1.080 euros de multa al responsable en aquel momento de las instalaciones (que ya no trabaja en la empresa) y a la por entonces responsable del departamento de seguridad por los incumplimientos en materia laboral que denunció Inspección de Trabajo en 2014 y principios de 2015.

El proceso parte de una denuncia de la Fiscalía y la Central Intersindical Galega (CIG). Los dos directivos de esta empresa de fabricación de tableros ya habían sido condenados en primera instancia a ocho meses de cárcel por un accidente en 2014 que provocó graves lesiones en un brazo a un trabajador, al que le ha sido reconocida una discapacidad del 56%.

En una sentencia del 24 de febrero de 2020, el juez considera probado que en el momento en que se registró la denuncia en Tafiber "se desarrollaba el trabajo en deficientes condiciones de seguridad que generaban un grave peligro para la vida, integridad física y la salud de los trabajadores [...] sin que los acusados en sus respectivas funciones adoptasen medidas para remediarlo". El magistrado detalla en su fallo que Inspección de Trabajo constató "graves deficiencias" en las tres visitas efectuadas durante 2014 a raíz de que se produjese un accidente grave en la zona de las calderas y de que se registrasen varias bajas por problemas respiratorios y de piel entre los trabajadores de la máquina húmeda. Entre otras deficiencias, el juez detalla falta de las medidas precisas de emergencia en la zona de calderas o de protección en algunos equipos de trabajo, concretamente en el tornillo sin fin así como la ausencia de una evaluación detallada del riesgo al que estaban sometidos los trabajadores expuestos a agentes químicos en la zona húmeda. Sostiene la sentencia que en una visita de Inspección en 2015, los técnicos comprobaron que los acusados "no habían adoptado adecuadamente las acciones preventivas y correctoras requeridas", que los sistemas instalados eran "ineficaces" y que los trabajadores estaban "expuestos a un riesgo muy grave e inminente" y que el riesgo se producía "en todos los ámbitos de producción".

Según ha podido saber este diario, el acusado ya no trabaja para la empresa y la acusada es ahora responsable del laboratorio.