La Xunta quiere que un tramo de unos 300 metros de la vía ártabra, que ejecutó entre las rotondas de la piscina municipal y de las tinajas de barro en A Pezoca y que se abrió al tráfico hace casi ocho años, lo paguen los propietarios de los terrenos atravesados por esta carretera. La factura asciende a 664.758 euros. Este tramo de la ártabra atraviesa el sector SUD-7, donde los dueños de las tierras estaban a punto de iniciar la construcción de una urbanización de 214 viviendas. Con esta "carga" que les han notificado, afirman que este desarrollo es "inviable" económicamente.
La Consellería de Facenda es la que ha realizado esta reclamación económica y la que ha presentado un recurso Contencioso-administrativo contra la resolución de abril de 2019 del Ayuntamiento de Oleiros de aprobar el proyecto de compensación de este SUD-7 por no incluir el abono de esta infraestructura viaria ejecutada dentro de un sector en desarrollo.
El alcalde de Oleiros calificó de "realmente escandalosa" esta actuación de la Xunta y anunció que solicitará "una reunión urgente con el conselleiro de Facenda". "Esto no tiene nombre, puede haber incluso una posible prevaricación, esos propietarios realizaron en su día una cesión gratuita de tierras a la Xunta con la condición de que se les guardase edificabilidad", afirmó Ángel García Seoane.
La consellería solo apuntó ayer, al ser un "tema judicializado", que cree que "el coste del vial tiene que ser computado como gasto de urbanización" en la junta de compensación de los propietarios y que se ha limitado a cumplir las determinaciones del plan urbanístico aprobado por el Concello. Añadió que este vial fue incluido dentro de la zona a desarrollar por la junta de compensación.
"En su día los propietarios cedieron terreno a la Xunta para hacer la vía ártabra por el coste simbólico de un euro y la Xunta les reconoció aprovechamiento. Creemos que legalmente no procede reclamar el pago de esta vía, que antes no pedía, es ex novo, porque el Gobierno gallego asumió este coste como propio. Esta decisión supone un gravísimo quebranto económico para los propietarios y hace que sea inviable económicamente su desarrollo", explicó ayer el abogado Jorge Pérez Maldonado, del gabinete urbanístico Lumieira que asesora a la junta de propietarios.
Los dueños de tierras en este sector SUD-7 han cedido terrenos durante años al Ayuntamiento (los primeros convenios urbanísticos se remontan a 1997) y a la Xunta, hasta al punto de que al final no les cabía la edificabilidad, han gastado dinero en la redacción de proyectos y en abogados y al final puede que no puedan ejecutar esta urbanización y compensar tanto desembolso.Algunos no pueden afrontar económicamente el pago de esta cantidad que reclama ahora Facenda y con la que nunca contaron, pues no figuraba en el plan parcial aprobado.
Cedieron terrenos de forma anticipada para construir el centro de salud de A Covada y para las ampliaciones del colegio de A Rabadeira, además de ceder a la Xunta para ejecutar la ártabra, aunque después esta administración realizó expropiaciones también, al modificar el proyecto inicial.
"Las previsiones en el plan general, en el plan parcial y los estudios económicos realizados, todo se hizo sobre la base de que este vial lo construía la Xunta, ha sido un cambio de criterio y supone una carga con la que no contaban y que coge a la junta de compensación en la mitad del camino del desarrollo urbanístico. Yo recomendaré a los propietarios que se personen en el pleito. El coste de este desarrollo ahora es superior al producto resultante y ahora los propietarios estarán en la incertidumbre durante tres o cuatro años, hasta que se pronuncien los tribunales. Los afectados tendrán que analizar la situación y ver qué decisión toman y hablar con el Ayuntamiento", agregó Pérez Maldonado.
