Trabajadores de los albergues de peregrinos de la comarca coruñesa denuncian que la empresa concesionaria, Clece, les obliga a desplazarse a estos hospedajes a pesar de que los establecimientos permanecen cerrados al público desde el pasado 14 de marzo y de que el Gobierno ha decretado la limitación total de movimientos salvo los de los trabajadores de actividades esenciales con el objeto de frenar la propagación del coronavirus.

Según relatan responsables de los trabajadores consultados por este diario, la empresa alega que le corresponde al Gobierno concretar cuáles son los trabajos esenciales y que como los servicios de limpieza figuran entre esas actividades imprescindibles, los empleados deben continuar acudiendo a sus puestos. "Nos mete en el saco de la limpieza cuando nuestra labor es también de recepción y atención al peregrino", lamenta uno de los empleados consultados, que explica que los responsables sindicales han pedido sin éxito un permiso retribuido durante estos quince días de confinamiento.

Este diario intentó contactar ayer sin éxito con los responsables de la empresa concesionaria, Clece, para recabar su postura. Esta empresa, propiedad de Florentino Pérez, resultó adjudicataria en noviembre de 2016 de los 69 albergues de peregrinos del Camino de Santiago y, subrayan los trabajadores, sigue recibiendo los fondos de la Xunta durante el parón provocado por el coronavirus.

"Nos dicen que tenemos que seguir yendo en el horario habitual, aunque con más flexibilidad y por turnos, para realizar labores de limpieza", explica un empleado, que califica de "surrealista" la situación: "El Gobierno ha pedido limitar al mínimo los desplazamientos y nosotros estamos limpiando sobre limpio", critica uno de los trabajadores, que prefiere mantener el anonimato.

Representantes de los empleados de los albergues de la comarca, como los de Betanzos, Miño o Carral, relatan que los primeros quince días de cuarentena la empresa abogó por que los empleados siguiesen prestando el servicio que les correspondiese por cuadrante para realizar una limpieza y desinfección profunda de las instalaciones de cara a su reapertura. "Nosotros les pedimos que dejasen pasan 48 o 72 horas por seguridad, para evitar riesgos dado que por los albergues pasa gente de todo el mundo, pero se negaron", explica un delegado sindical, que, con todo, ve comprensible que la empresa quisiese aprovechar los primeros días del estado de alarma para dejar a punto los albergues y realizar un lavado exhaustivo de las instalaciones.

El choque entre plantilla y empresa se produce a raíz de que el Consejo de Ministros aprobase el pasado domingo la limitación total de movimientos salvo los de los trabajadores de actividades esenciales. Los empleados consultados interpretan que, "por sentido común", deben quedarse en casa dado que los trabajos de desinfección ya han sido realizados y los desplazamientos a los centros de trabajo suponen un riesgo innecesario. Contraponen la decisión de su concesionaria con la de la empresa responsable del mantenimiento, que ha informado que solo se desplazará a los centros en caso de urgencia: "Es surrealista que la Xunta cierre los albergues y nos sigan movilizando".

Este diario intentó ayer sin éxito contactar con algún responsable de la empresa concesionaria para recoger su versión. En sus comunicaciones con los empleados, la concesionaria argumenta que el Gobierno decretó que los servicios de limpieza son esenciales y conmina a la plantilla a seguir las recomendaciones dictadas para evitar la propagación del coronavirus.