El pleno de Cerceda aprobó ayer con los únicos votos del Gobierno local un reconocimiento extrajudicial de crédito que incluye una factura de 211.750 euros correspondiente a una minuta por sendos pleitos contra Sogama que se remontan a 1997 y 1999 y que concluyeron en 2004, cuando el Concello perdió el último recurso. PP y BNG votaron en contra y expresaron sus suspicacias ante el hecho de que el bufete que se beneficiará de este pago tardío sea el mismo que defendió al ya exalcalde, José García Liñares, en el proceso en el que fue inhabilitado por sentencia firme en enero de este año.

Los dos grupos de la oposición denunciaron además que no consta ningún procedimiento de contratación de este servicio de representación legal, un extremo que recogen también Intervención y Secretaría en sus informes. "Ante la falta de acuerdo presupuestario, el despacho pasó unas minutas según tarifa del colegio de abogados en proporción a la cantidad de dinero en litigio y con independencia de los resultados", criticó el popular Francisco Santos, que instó al Ejecutivo socialista a explicar cómo no se habían fijado las cuantías de la minuta en el correspondiente contrato cuando las cantidades en el litigio eran millonarias (997 y 536 millones de las antiguas pesetas, es decir, 5,8 y 3,2 millones de euros respectivamente). En la misma línea, el nacionalista Alberto Sánchez denunció el "oscurantismo" que rodea este pago.

El actual alcalde, Juan Manuel Rodríguez, defendió que había llegado a un acuerdo con este despacho de abogados que permitiría reducir el importe adeudado, dado que la reclamación inicial de honorarios por los dos pleitos ascendía a 568.400 euros que, apuntó, sobrepasarían los 700.000 euros con intereses. "Llegamos a un acuerdo para pagar la tercera parte de las facturas iniciales. Cuando gestionas fondos públicos hay que actuar con responsabilidad y no podemos ir a un pleito si nadie me garantiza que después tengamos que pagar más", argumentó el regidor a consulta de este diario.

Según recoge el informe de Secretaría, los honorarios de los letrados se corresponden con su defensa en dos procesos interpuestos por Sogama en 1997 y 1999 respectivamente contra la liquidación girada por el Concello en concepto de ICIO y la tasa por expedición de licencia urbanística y otro contra la liquidación de la tasa por la licencia de apertura de las plantas. El funcionario encargado de velar por la legalidad en la gestión municipal detalla que la valoración de las liquidaciones que Sogama recurrió con éxito fueron realizadas por un técnico de una categoría inferior a la requerida y eran "manifiestamente desproporcionadas": 977.187.000 pesetas (3,2 millones de euros) y 536.572.800 pesetas (5,8 millones de euros) respectivamente. Los tribunales dieron la razón a Sogama y, según recoge el secretario en su informe, el Concello tuvo que devolver 536 y 733 millones de las antiguas pesetas respectivamente.

El funcionario reprueba que el anterior alcalde contratase "verbalmente con sus abogados de confianza la representación y defensa del Ayuntamiento en los pleitos" y "no le diese importancia a acordar la cuantía de los letrados", con lo que estas quedaron fijadas e un porcentaje del importe de los pleitos. Según explica con ironía en su informe, las minutas por 290.000 y 278.400 euros se presentaron por primera vez en 2006 y , "en un ejercicio de responsabilidad se dio orden de archivarlas en el cajón correspondiente" hasta ahora.

La oposición censuró ayer la gestión de este proceso y su coste por las arcas municipales. El actual alcalde se defendió de las críticas alegando ayer que el importe que el Concello dejó de ingresar por las liquidaciones que fueron anuladas por la Justicia se compensaron después a través de convenios con la empresa . "El Concello nunca perdió dinero, perdió de ganar más".

Consultado sobre las duras afirmaciones de Secretaría y las críticas de la oposición, el regidor recalcó que el funcionario critica la gestión de este proceso, que es "opinable", pero que en ningún momento se opone al pago de las minutas, que se corresponden con unos trabajos efectivamente realizados y acusa a PP y BNG de pretender "confundir" al denunciar la vinculación del despacho con Liñares.