El Tribunal de Cuentas abrió diligencias preliminares por los pagos de complementos de productividad al personal eventual de la Diputación de A Coruña en los años 2016, 2017 y 2018. El Gobierno provincial dio cuenta de esta situación y del personamiento en las diligencias en la última Junta de Gobierno, en la que también aprobó ya una medida al respecto: la aprobación definitiva de las liquidaciones de dicho complemento.
La situación del personal eventual (personas de confianza que contratan los grupos políticos como asesores) fue reiteradamente advertida por la Intervención desde 2017 en su informe de reparos (que después se envía al Tribunal de Cuentas y al Consello de Contas).
En el informe de reparos de 2018 el interventor señalaba que seguía sin resolverse el tema de la liquidación definitiva de la productividad del personal eventual del año 2016. El reparo era por la falta de pruebas de que esos eventuales cumpliesen realmente su horario reglamentario de trabajo porque no se aportaba para acreditarlo los registros de su control horario, a pesar de haberlo requerido al menos en tres ocasiones.
Ante la falta de resolución sobre esto, en 2016 la Diputación pagó a su personal eventual una entrega a cuenta de la productividad por un total de 124.878 euros, cuantía que en 2018 estaba "pendiente de ser regularizada", y después de que se sobrepasase con exceso el plazo previsto en la normativa. Esto no se resolvió en 2016 y en 2017 también quedó sin liquidar la productividad del personal eventual, aunque este estuvo percibiendo dicho complemento mes a mes La productividad del resto del personal sí se liquidó y se justificó correctamente.
Según el informe de Intervención anexo a la cuenta general de 2018 (la de 2019 aún no se ha rendido) el personal eventual había cobrado a cuenta un total, desde el año de 2016 a 2018, de 242.978 euros, una cuantía que según el órgano fiscalizador, si no se regularizaba, liquidándose a cada persona lo que le correspondía y en su caso, devolviendo el exceso percibido, daría lugar a "un supuesto de responsabilidad contable", como define la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas al ser una "salida no justificada de fondos públicos".
Intervención urgía que se regularizase cuanto antes esta productividad, sobre todo de los eventuales que iban a ser cesados al finalizar el mandato. Así ya no había que retener los importes pendientes de justificar sobre futuras nóminas y se podían abrir expedientes de integro ante eventuales liquidaciones negativas, con los intereses de demora incluidos.
En el informe de reparos de 2017 el interventor ya explicaba que se había seguido con los eventuales la misma práctica que en anteriores mandatos. Se explicaba que respecto al personal eventual la responsabilidad es de cada grupo político que le asigna sus tareas, por eso Presidencia no hace un seguimiento del cumplimiento del horario. En este documento se aseguraba que el Gobierno provincial estaba trabajando ya en las recomendaciones de Intervención para "presentar a la mayor brevedad la propuesta de liquidación definitiva de la productividad" de 2016, aunque al final no se hizo.
La otra recomendación que se decía urgente era anular la resolución que excluía a los eventuales de la obligación de fichar, registrar sus entradas y salidas. La otra propuesta era llevar a pleno un plan para regular el régimen de desempeño de este personal, régimen retributivo, incompatibilidades, etc.
