Cerca de medio centenar de personas se concentraron ayer a las puertas de la Audiencia Provincial para reclamar que el acusado por la muerte de un joven de 31 años, Enrique G. C., en una pelea en Nochevieja en un hotel de Bastiagueiro vuelva a la cárcel hasta la celebración del juicio. La viuda, Iria Casais, que encabezó la protesta, explica que reclaman el reingreso en prisión del acusado, un vecino de A Coruña de 27 años con iniciales D.M.E. , y que con la concentración pretendían "alzar la voz para pedir justicia para Kike, que el mensaje se oyera y que la Audiencia le dé importancia y el recurso no sea un papel más", aseguró en la tarde de ayer, en referencia a la alegación presentada ante la Audiencia en contra de la puesta en libertad con cargos a la espera de juicio, decretada el pasado 24 de enero por el Juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña.

"Ahora mismo mi objetivo principal es que este individuo vaya a la cárcel porque cometió un homicidio. Y eso no solo lo digo yo, está puesto en el papel. Tenemos partes médicos, hubo declaraciones... está todo en proceso", explica la viuda. Sostiene que "fue con ánimo de hacer mal y lo hizo". "Hubo intención, claro. Y no solo fue contra Kike", señala la viuda, que ejerce una de las dos acusaciones, mientras que la otra es ejercida por padres y hermanos de la víctima, que también presentó recurso contra la puesta en libertad del acusado.

El letrado de una de las dos acusaciones apunta que el imputado cuenta con antecedentes penales con penas de hasta dos años la más elevada por delitos que, sostiene, revelan un perfil "violento y peligroso", al margen de que resulten computables a efectos de la sentencia por este caso. Apunta que el acusado cuenta con formación en combate y defensa personal y que existen condenas por utilizar arma o instrumento peligroso cuando un participante en una pelea cuenta con formación o experiencia en lucha o defensa.

El abogado de esta acusación señala también que se mantienen en el encausado dos de los motivos por los que el juzgado vio oportuno decretar su ingreso en prisión el 3 de enero -con tres condenas firmes por delito doloso de lesiones agravadas, atentado y lesiones leves- y la ausencia de familiares a su cargo o de empleo estable, lo que podría incrementar el riesgo de fuga. Sostiene que la falta de conclusiones claras de la autopsia sobre si la causa de la muerte fue el golpe en la cara con un cenicero o el golpe en la nuca sufrido al caer la víctima al suelo no deberían provocar que se obvien los antecedentes y el riesgo de fuga que el juzgado apreció al decretar su ingreso en prisión.

El letrado añade que el auto de libertad señaló, tras la autopsia, que podría tratarse de un delito de homicidio doloso o un delito de lesiones dolosas en concurrencia con un delito de homicidio por imprudencia, y sostiene que, aún en estos casos, la pena mínima sería seguro de cárcel, de entre 3,5 y 5 años. Las acusaciones no descartan, a la espera de más pruebas e informes, pedir cargos por asesinato.