El demandante de dos edificios con orden firme de derribo de Sada por la anulación en 2014 de la licencia concedida durante el gobierno de Ramón Rodríguez Ares ha presentado un escrito en el juzgado para apremiarle a tomar medidas contra el Concello por incumplir la orden de demolición. Recuerda en su escrito que la fecha límite que marcó el juzgado para demoler los bloques de Camiño de Fiunchedo 6 (con 38 viviendas) y Sada y sus Contornos 3 (con veinte) estaba fijada para el pasado 30 de abril y considera que el alcalde, Benito Portela, incurre en un delito de desobediencia por "retrasar y retrasar" sin justificación e incumplir la sentencia "de forma deliberada" y con "burdas estrategias".
En este sentido, el demandante, Gervasio Brasa, recuerda que el juzgado ya impuso una multa de 500 euros al regidor al entender que no había hecho los suficientes "actuaciones tendentes a la demolición" ( esta sanción todavía no ha sido firme y está pendiente del recurso presentado por Portela).
El denunciante afirma en su escrito que, a día de hoy el Concello carece de proyecto definitivo ni provisión de fondos para el derribo de uno de los bloques (el de Sada y sus Contornos) y rechaza la explicación del Ejecutivo municipal, que alegó que el plan estaba siendo supervisado por el servicio de asistencia técnica a municipios de la Diputación. Sobre el segundo bloque, el de Fiunchedo, cuya demolición salió a licitación a principios de febrero, afirma el demandante que debería estar ya adjudicado y atribuye el retraso a la intención de legalizarlo a través de un plan de reforma interior presentado por los propietarios.
En el escrito que ha presentado ante el juzgado, el demandante pide que, ante estos "incumplimientos manifiestos", el juez exija responsabilidades penales al alcalde por un supuesto delito de desobediencia. Apunta en este sentido que, por un caso similar, el alcalde de Valladolid fue condenado a 13 meses de inhabilitación
El Ejecutivo municipal replica que informa de forma periódica al juez de los avances en los trámites y niega que haya pretendido en ningún momento desoír los mandatos judiciales. En sus alegaciones, Portela incide en que el informe del servicio de asistencia técnica a municipios de la Diputación es un "paso imprescindible y obligatorio" para la aprobación del proyecto de demolición del bloque de Sada y Contornos y evitar daños a los edificios colindantes. Sobre el segundo bloque, justifica el retraso en la adjudicación por la suspensión de los plazos con la declaración del estado de alarma.
