La nueva fase de la desescalada y el previsible fin del estado de alarma para Galicia la próxima semana han animado al Concello de Oleiros a reactivar el desalojo de dos de las tres casas de Bastiagueiriño que aún permanecen ocupadas tras la expropiación. "Vamos a tomar posesión el próximo lunes 15. Y si no quieren irse, se hará el desalojo a través de los tribunales. Todos tienen otra casa, han recibido la indemnización de la expropiación y tienen dinero", declaró ayer el alcalde, Ángel García Seoane.

El acta de ocupación de estos tres chalés de los años setenta que hoy en día están fuera de ordenación (por ubicarse en zona verde y en terrenos de servidumbre de Costas ) se realizó el pasado 11 de diciembre, fecha en la que una de las tres familias ya entregó las llaves al Concello pero las otras dos solicitaron más tiempo para realizar toda la mudanza de los que han sido sus hogares treinta años en un caso, y cincuenta en el otro. (y por hacerse en Navidad).

El Gobierno local les dio otra prórroga hasta el 11 de abril de este año, pero al coincidir con el confinamiento los afectados alertaron de que el Estado impedía salir de sus casas. Hace unos días una de las propietarias recibió un escrito del Concello comunicándoles que al haber menos restricciones se retomaba el procedimiento y tenían que irse el 15 de junio.

Orden judicial

Las dos familias afectadas sin embargo ya anunciaron que no prevén marcharse el próximo lunes al entender que el plazo, según el procedimiento administrativo, finaliza el 30 de junio y no el día 15. "El alcalde puso el día 15 pero el plazo no lo pone él sino la ley. La cuestión son las formas, si no hubiesen llamado de Urbanismo con malas palabras y amenazas, nos habríamos ido, pero ahora estaremos hasta el día 31. No puede echarnos salvo con orden judicial", explicó una de las personas afectadas.

Estos expropiados señalaron que no se les ha escuchado en ningún momento para conocer sus circunstancias, como por ejemplo que tienen sus nuevos hogares en obras y pendientes de instalar servicios como el teléfono porque las empresas aún han empezado ahora a trabajar, el confinamiento les ha cogido en medio y el Concello no les pone facilidades.

Una de las propietarias afectadas es la suegra del portavoz del Partido Popular de Oleiros, José Bonome. "Esperamos que por primera vez se digne alguien del Ayuntamiento a hablar con los vecinos", apuntó Bonome.