Los concellos de las comarcas coruñesa y betanceira ven inviable aplicar las medidas extraordinarias que ha decretado la Xunta para evitar la propagación del Covid-19 en la "nueva normalidad" sin ayudas por parte de Xunta y Estado y sin poder recurrir al remanente o contratar más personal. Garantizar que se cumplen los aforos en parques infantiles, polideportivos o ferias y realizar las labores de desinfección diarias precisas para cumplir los protocolos conllevan un sobrecoste que, alertan los ayuntamientos, podrían conducirles a una situación insostenible a largo plazo.
A día de hoy, varios ayuntamientos del área mantienen parte de los parques infantiles o biosaludables precintados porque carecen de medios para velar porque se cumple la orden que establece un máximo de un usuario por cada cuatro metros cuadrados, entre otros extremos.
"No podemos hacer una desinfección diaria en todos estos espacios y tenemos dos opciones, ir desinfectando cuando se puede con los medios que hay y notificarle el procedimiento a los usuarios o cerrar los parques, pistas, plazas...", explica la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez, (PSOE) que denuncia que los concellos se han visto obligados a asumir una "carga que supera sus posibilidades" y que están sufriendo unas "dificultades tremendas" para adaptarse a los requisitos impuestos en la "nueva normalidad". "No discuto que el protocolo que marca la Xunta sea el mejor proceder, pero puede que nos veamos en la obligación de tener instalaciones cerradas por no poder asegurar la aplicación de las recomendaciones", explica la regidora bergondesa.
Su homólogo de Sada, Benito Portela (Sadamaioría), se pronuncia en la misma línea. Afirma que todavía mantienen cerrados varios parques precisamente porque no pueden garantizar las medidas higiénico-sanitarias impuestas y velar porque se respetan los aforos marcados por la Xunta. "Nos hemos visto obligados a asumir cantidad de competencias sobre las que no hemos tenido poder de decisión" , incide Portela, que apunta además a la necesidad de más personal para velar porque se respeten las distancias y se cumplan las medidas higiénicas en ferias u otras actividades.
El Ayuntamiento de Culleredo (PSOE) sostiene que "se debe permitir a los concellos saneados el empleo de los remanentes para poder incrementar los fondos dedicados a la gestión de la crisis por el Covid-19, en todos sus niveles". Defiende también que "se debe variar la tasa de reposición que hoy en día impide reforzar el personal municipal, incluyendo áreas muy sensibles". El Ejecutivo cullerdense asegura que tiene "capacidad para afrontar la actuación con firmeza frente al Covid-19, pero pudiendo manejar sus recursos", por lo que defiende que "al menos se debería abrir a utilizar un tercio de los remanentes".
En la línea de la Federación Española de Municipios y Provincias (Fegamp), el Ejecutivo cullerdense sostiene que la Xunta "debe apoyar a los Concellos, que están asumiendo algunas de sus competencias para respaldar a los vecinos, a través de un fondo extraordinario". Apunta que el Gobierno central puso en manos de las comunidades ciertas funciones para hacer frente a la pandemia y consignó fondos para que pudieran hacerles frente, por lo que ve justo que el Gobierno gallego derive ahora partidas para que los ayuntamientos asuman las labores que les ha encomendado, entre las cuales destaca la desinfección de parques infantiles.
En Cambre, el alcalde, Óscar García Patiño, (Unión por Cambre) considera "imprescindible que la Xunta y el Gobierno colaboren económicamente para la realización de las medidas" para paliar el coronavirus al considerar que "los concellos no tienen capacidad para soportar estos gastos a largo plazo".
La alcaldesa de Betanzos, María Barral, (PSOE) advierte de que el Concello carece de medios para velar por las normas de aforo que impone la Xunta: "No podemos tener a un policía en cada parque infantil", apunta. Barral, que apela al gasto extra que se deriva de las tareas diarias de desinfección de parques e instalaciones municipales y considera que las normas autonómicas "quedan muy bien", pero que "no van acompañadas de medidas de apoyo" y lamenta el desamparo en que la Xunta deja a los concellos para "afrontar gastos que suponen esfuerzos económicos importantísimos" .
El Ejecutivo brigantino denuncia además que la Xunta ha aprobado medidas que han impuesto a los ayuntamientos gastos u obligaciones extra. Pone como ejemplo la decisión de mantener cerradas las escuelas infantiles, que obligará a los concellos a hacer un esfuerzo extra en políticas de conciliación, o la convocatoria de ayudas para el alquiler, que obliga a los beneficiarios a estar al corriente de sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social y no tener pendiente ninguna otra deuda con la Comunidad Autónoma. El Gobierno brigantino afirma que esta norma deja fuera a "familias que lo están pasando muy mal" y que el Concello intentará asumir esas deudas en la medida de lo posible.
El Concello de Miño (PSOE) , en la misma línea, advierte de que las nuevas obligaciones se suman a la "carga" que ya tienen áreas como Servizos Sociais.
El Concello de Arteixo (PP) también ve precisas ayudas, aunque dirige su petición al Estado. El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo no solo echa en falta financiación para cumplir los protocolos, también expresó ayer su "preocupación" porque el Gobierno se plantee rebajar la aportación a los ayuntamientos, un extremo que no está confirmado y que, según el Ejecutivo arteixán, privaría al municipio de dos millones.
Los concellos del rural inciden también a las dificultades para aplicar los protocolos sin fondos extra. El Ayuntamiento de Abegondo (PP) ve "lógico" que "la Administración estatal y autonómica colaboren con los concellos en la financiación de servicios para afrontar la respuesta ante el Covid-19". "Son los ayuntamientos los que, estando en primera línea ante la pandemia, actuaron de acuerdo a las necesidades de los vecinos y lo propio es establecer la fórmula de colaboración", defiende el Gobierno local.
El alcalde de Curtis, Javier Caínzos (PP), recuerda que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha aprobado ya una propuesta consensuada para pedir al Estado que dote a los ayuntamientos de una partida excepcional para hacer frente a las medidas impuestas por el Covid-19 y para que les permitan utilizar el remanente de tesorería de 2019 y años anteriores. El regidor apela al coste que le supone al Concello desinfectar los parques infantiles y biosaludables dos veces al día y llevar a cabo las desinfecciones de todas las instalaciones municipales, además de poner vigilancia para velar porque se respeten las distancias en ferias, polideportivos y otros recintos. Los alcaldes de Coirós, Francisco Quintela, y Vilarmaior, Carlos Vázquez, apuntan también a la necesidad de ayudas, aunque el primero pone el acento en el "sentidiño" y la responsabilidad ciudadana.
