La primera sesión del juicio por la titularidad del pazo de Meirás arrancó ayer con la declaración de varios testigos que confirmaron el uso de personal y medios públicos para el mantenimiento del inmueble durante la dictadura y la presencia de un guardia civil a sueldo del Estado ya en democracia, hasta 1990. Con estos testimonios, el Estado, Xunta, Diputación y los ayuntamientos de Sada y A Coruña pretenden sustentar el argumento de que la propiedad funcionó como residencia oficial durante toda la dictadura y que es por tanto un bien de dominio público.
La segunda ronda de testigos, solicitados por los abogados de la familia Franco, ahondó en que el pazo quedó abandonado tras el incendio de 1978 y que fueron los herederos del dictador los que sufragaron su reconstrucción. Uno de ellos, suegro de una nieta de Franco que está denunciada en este proceso, Fernando Quiroga y Piñeyro, aseveró que llegaron a pedirle ayuda económica al entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, para sufragar las obras de rehabilitación y que este se negó a aportar fondos. A la salida del juzgado, el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera Molina, afirmó que estos testimonios demostraban que la Administración "abandonó por completo" la propiedad tras la muerte del dictador y que hasta 2019 nunca había puesto en duda que era propiedad de los herederos de Franco.
El primer testigo en declarar en la sesión de ayer en el Juzgado de Primera Instancia de A Coruña fue un guardia civil jubilado, José Suárez, de 80 años, que afirmó que había prestado servicios entre 1982 y 1990 en el pazo realizando labores de vigilancia y mantenimiento. Este testigo afirmó que estaba a sueldo de la Guardia Civil, aunque recibía las órdenes del secretario de Carmen Polo: "Yo consultaba cualquier cosa con él". Según su testimonio, él era el único trabajador que permanecía en el pazo, "destrozado" tras el incendio de 1978. Este agente jubilado contó que él se encargaba de abrir a Carmen Polo o a otros herederos de Franco cuando acudían de visita. Admitió que previamente había trabajado en la finca La Piniella (Oviedo), propiedad de los Franco y que había sido el secretario de Carmen Polo el que le había ofrecido el puesto de Meirás, en el que permaneció hasta siete años después de que se suprimiese el destacamiento del pazo.
Tras su declaración fue el turno de un vecino de Meirás, Juan Pérez Babío, de 70 años, nieto de una mujer que fue "expulsada" de su casa para ampliar la finca del pazo, que relató que era frecuente la presencia de personal de Comandancia de Obras y del Ayuntamiento de A Coruña para realizar arreglos y adecentar los jardines. "Había periodos en los que trabajaban hasta treinta personas", relató y añadió: "Había cantidad de jardines y estaban muy bien cuidados. Yo creo que iban cinco o seis jardineros del Ayuntamiento de A Coruña desde los años cincuenta hasta la muerte de Franco". Contó también que el Ejército colaboró en las tareas de extinción del incendio de 1978: "Los camiones del Ejército no paraban de entrar y salir, no eran uno o dos... Eran muchos más". Este segundo testigo confirmó también la existencia de una explotación agropecuaria en el interior del pazo que gestionaban unos guardias hortelanos que, en determinadas épocas del año, contrataban como refuerzo a labradores y peones de Sada. "Eran los guardias los que pagaban en monedas contantes y sonantes", relató este vecino de Meirás, que recuerda que era una granja "muy bien acondicionada", con medios muy modernos para la época y unas "veinte vacas de gran calidad": "Nada que ver con los establos del entorno", destacó este testigo, que cree que era la Casa Civil la que asumía los costes, aunque admitió que no podía asegurarlo.
El último testigo a petición de los demandantes fue un funcionario de A Coruña, Antonio Abad, que confirmó que el Ayuntamiento coruñés enviaba jardineros y canteros para realizar labores de mantenimiento en el pazo durante la dictadura. Este funcionario de Patrimonio desde 1988 emitió un informe también sobre el desplazamiento de los bomberos de A Coruña durante los años sesenta y parte de los setenta con motobombas para suministrar agua en julio y agosto al pazo sin que constase ningún pago por parte de los Franco.
Tras las declaraciones de los testigos de la Abogacía del Estado y las otras administraciones personadas, fue el turno de los Franco. El primero en declarar en su calidad de "amigo de la familia" fue el alcalde de Sada entre 1979 y 2007, Ramón Rodríguez Ares (que gobernó bajo las siglas del PP y del PDSP). El exregidor relató que fueron los descendientes de Franco, al que se refirió como "el Caudillo", los que pagaron la rehabilitación del pazo y los que asumían el pago del IBI. Contó que tras fallecer Franco, la Diputación intentó comprar el inmueble y que él mismo había asistido a varias reuniones junto a Carmen Franco y el marqués de Villaverde para negociar la venta.
A consulta de los demandantes, Ares dijo no recordar si los Franco habían tramitado la licencia de obras de rehabilitación: "Supongo que la pidieron pero no me acuerdo bien". Sobre si llegó a ser apoderado de los herederos del dictador, replicó: "No, lo único fue cuando se interesaron por unas propiedades. Yo era amigo de ellos y si me pedían alguna gestión, la hacía si podía". El exalcalde afirmó no recordar la presencia de guardias civiles en el pazo tras la muerte de Franco: "Cuando visitaba el pazo no los veía". Tampoco la intervención del Ejército en el incendio de 1978.: "No lo recuerdo". Al ser interrogado sobre cómo sabía que eran los Franco los que pagaban el IBI, respondió que el marqués de Villaverde le había dicho en una ocasión que tenía que desplazarse a Betanzos a realizar esa gestión. Ares afirmó que su amiga Carmen Franco no le había manifestado en ningún momento dudas sobre que fuese la legítima propietaria del pazo. A consulta del Concello de Sada, el exalcalde confirmó que su partido fue el único que se opuso en 2019 a reclamar la devolución del pazo: "Para recuperar algo tiene que haber sido antes de uno y eso siempre fue una propiedad privada", recalcó.
El último en declarar fue Fernando Quiroga y Piñeyro, suegro de Arancha Martínez-Bordiú (una de las nietas de Franco denunciadas en este proceso). Este testigo, que se presentó como amigo de Carmen Franco y del marqués de Villaverde, dijo haber jugado un importante papel en la rehabilitación del pazo de Meirás tras el incendio de 1978. Relató que le había insistido en varias ocasiones a la hija del dictador sobre la importancia de reconstruir este inmueble "por el bien de la historia de España", como repitió varias veces. Para hacerlo, contó, llegaron a pedir colaboración económica al por entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga: "Me dijo que no era posible". Quiroga y Piñeyro aseguró que las obras fueron financiadas finalmente por la familia y que los trabajos, ejecutados a finales de los noventa, ascendieron a cerca de cien millones de las antiguas pesetas. "El pazo a Carmen le costó mucho dinero", recalcó este testigo, que subrayó el "esfuerzo económico" que hizo la familia "¡solo para pasar un mes al año allí!". Quiroga y Piñeyro restó también importancia a las labores de mantenimiento realizadas por el Estado durante la dictadura: "Un mes antes de que fuesen iba el Ejército y pintaba, pero de forma muy superficial, no se aprovecharon de la Jefatura del Estado para hacer un palacio, estaba igual que cuando lo tenía la Pardo Bazán", apuntó.
A consulta de la parte demandante, este testigo dijo recordar únicamente la presencia de un guardia jubilado en el pazo en los años inmediatamente posteriores al incendio de 1978. "Preguntado sobre si era conocedor de los movimientos para reclamar la devolución del inmueble, se encogió de hombros: "Ni idea, yo en política no me meto para nada".
La defensa de los Franco renunció al testimonio del que fue secretario de Carmen Polo, Esteban Medina, por su avanzada edad y los riesgos que suponía su desplazamiento en la actual alerta sanitaria.
La primera jornada del juicio estuvo precedida de una protesta convocada por la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) para exigir la devolución del pazo. Fueron muchos los políticos los que se desplazaron al juzgado para sumarse a esta reivindicación, como Antón Gómez-Reino, candidato de Galicia en Común; Ana Pontón, líder del BNG, o el alcalde de Sada, Benito Portela (Sadamaioría), que asistió entre el público a esta primera jornada del juicio. Tampoco quiso perderse las comparecencias la subdelegada del Gobierno en Galicia, Pilar López-Rioboo.
