Expertos afirman que el pazo de Meirás se compró con coacciones y se mantuvo con fondos públicos

Las preguntas sobre las que giró la segunda jornada del juicio, la distinción entre el patrimonio particular y el estatal, presentan más de una arista en un régimen en el que "la línea que separaba lo público de lo privado era difusa o inexistente" , apuntaron los expertos. A pesar de las dificultades para recabar documentación, parte de la cual, explicaron, no estaba disponible hasta hace unos años, Xosé Manoel Núñez, Manuel Pérez y Carlos Babío, afirmaron que existen pruebas suficientes para sostener que el pazo fue adquirido mediante donaciones forzosas, descuentos en nóminas de funcionarios y aportaciones de fondos públicos y que el edificio fue mantenido por la Administración durante toda la dictadura: "Franco no pagaba nada", afirmó rotundo Babío.

Los tres peritos aportaron documentación para probar el carácter coercitivo de la suscripción que puso en marcha la Junta Pro Pazo en 1936, en plena Guerra Civil, para adquirir el inmueble con el que obsequiar al militar golpista. Entre otras, un bando del alcalde de Sada en 1936 que finalizaba con una advertencia dirigida a los "malos patriotas": "Lamentaría tener que incluir a ningún sadense en las listas negras que por orden del Excelentísimo Gobernador general se formarán con los malos patriotas que nieguen su concurso a esta obra tan humanitaria como patriota".Los investigadores apelaron a la existencia de listas de "buenos" donantes para saber "quiénes habían participado" en la cuestación y a documentos que prueban que las juntas parroquiales, de las que formaban parte alcaldes, concejales, curas, maestros y otras figuras con poder o influencia que iban "casa por casa" para recabar los fondos en un contexto "de extrema violencia", en el que no podía presuponerse voluntariedad. Un extremo que fue puesto en duda por los abogados de los Franco, que alegaron que los propios historiadores recogían en su libro que la cuestación había sido un fracaso,algo que, incidieron, no casaría con su carácter forzoso. Los letrados argumentaron también que en ningún documento oficial constaba que las donaciones hubiesen sido obligatorias. Los historiadores replicaron que la suscripción no fue suficiente porque los gastos para adquirir y reformar el pazo y ampliar su finca de 5,7 a 9 hectáreas se dispararon y apuntaron a un informe de 1939 en el que un teniente coronel dejaba constancia de que "la cifra gastada en el pazo" era "de tal magnitud que si se supiese causaría asombro". Sobre el hecho de que los donativos no quedasen recogidos como forzosos, Babío respondió con ironía: "Si atendiésemos solo a lo recogido en los documentos oficiales tendríamos que concluir que en 1936 hubo una pandemia de hemorragias internas", en alusión a la causa de muerte de represaliados que figuraba en los partes.

Un punto que generó más controversia fue el relativo a la aportación de fondos públicos para la adquisición del pazo. Los peritos mostraron actas de Ayuntamientos, como una de A Coruña para dar 25.000 pesetas.

Afirmaron además que se habían realizado descuentos en nóminas de funcionarios y para demostrarlo apelaron a la "memoria oral" a las regulación de las suscripciones nacionales, realizadas por los mismos que gestionaban la Junta Pro Pazo. Los abogados de los Franco replicaron que en algunas actas aportadas, como las de Oleiros, se explicitaba que los fondos procedían de donativos y, en cuanto a la detracción en nóminas, les afeó que realizasen esta afirmación sin sustento documental.

El principal punto de controversia giró en torno a si la donación del inmueble se hizo a Franco a título particular o como jefe del Estado. Los abogados de los herederos del dictador defendieron que la propiedad está a nombre de Franco como persona física y que el fin último que perseguían todas las partes era entregarle el inmueble a título particular. Para sustentarlo, incidieron en que en escritura de 1941 la por entonces propietaria, Manuela Esteban Collantes, manifestaba su deseo de que fuese "donada al Generalísimo y jefe del Estado, Francisco Franco".

Mientras que la defensa de los herederos del dictador puso el acento en que la donación se hizo a título particular, los historiadores recordaron que había una escritura anterior, de 1938, en la que era la Junta Pro Pazo, no Franco, la que compraba el pazo, e incidieron en que tanto la escritura de 1938, como la de 1941 como el pergamino con el que se oficializó la entrega en 1938 recogen que se le dona a Franco en calidad de "fundador del nuevo imperio, Jefe del Estado, Generalísimo de los Ejércitos y Caudillo de España". Remarcaron que en el propio discurso de aceptación, Franco prometió diversas obras, como una carretera que comunicara A Coruña y Madrid en cinco horas.

Los tres historiadores hicieron hincapié en que el fin último que perseguía con la donación del inmueble la Junta Pro Pazo, (presidida por el gobernador civil Julio Muñoz, que fue nombrado después jefe de la casa civil de Franco ) era convertir A Coruña en la "capital de España", parafraseando al exalcalde de A Coruña Alfonso Molina.

Para sustentar su tesis de que el pazo fue una residencia oficial, que funcionó "como una dependencia del Palacio del Pardo" y que fue mantenida con fondos públicos, Carlos Babío y Manuel Pérez presentaron un informe con los gastos realizados durante toda la dictadura y que iban mucho más allá de los derivados de garantizar la seguridad del jefe del Estado. La Casa Civil y Comandancia de Obras, subrayaron, asumían "todos los gastos", desde reformas del pazo a las "fiestas de los nietos". Apuntaron además a que no solo se desplazaba personal del Palacio del Pardo, sino también del Ayuntamiento de A Coruña y que eran los guardias hortelanos los que gestionaban la explotación agropecuaria.

Los abogados de los Franco replicaron que la mayoría de los gastos públicos eran por su uso "como residencia oficial", incidieron en que la Administración abandonó el inmueble tras la muerte del dictador (pese a admitir que mantuvo a un guardia hasta 1990)y acusaron a los autores del libro de afirmar que el Ferrol pagaba el IBI cuando el propio Ayuntamiento ha admitido carecer de pruebas en este sentido y solo está constatado que pagaba la contribución de la casa natal del dictador. Apuntaron también a un documento de la Casa Civil que incluye un pago de una cuenta particular relativo a la explotación de agropecuaria y que, afirman, probaría que Franco asumió costes.