Tercera jornada del juicio para dirimir la titularidad del pazo de Meirás que enfrenta al Estado, la Xunta, Diputación y concellos de A Coruña y Sada con los herederos del dictador Francisco Franco. Los protagonistas de ayer fueron los expertos a los que la Xunta encomendó la redacción del informe en que funda su reivindicación de que el inmueble es patrimonio público por su uso como residencia oficial, mantenida con fondos del Estado durante toda la dictadura. Uno de los declarantes, el catedrático en Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela José Manuel Busto Lago puso en entredicho uno de los pilares en que basan los descendientes del militar golpista su derecho a poseer el inmueble, en concreto, el hecho, todavía controvertido, de que Franco hubiese pagado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Este experto en derecho matizó que no había pruebas de que el dictador pagase realmente el impuesto, solamente de que los recibos se giraban a su nombre dado que era el titular catastral e incidió en que, aunque Franco hubiese pagado la contribución, no le daría derecho a arrogarse la propiedad de un inmueble que fue mantenido con fondos públicos durante toda la dictadura. Apeló a diversa jurisprudencia que desmonta que los titulares catastrales y pagadores del IBI tuviesen derecho simplemente por ese motivo a detentar una propiedad y apeló concretamente a una sentencia de 1998 del Tribunal Supremo relativa al castillo de la Muela que desmontaría ese argumento. "Es muy ilustrativa", afirmó.

El catedrático de Derecho Civil se mantuvo firme en la tesis que él y otros expertos defendían en el informe solicitado por la Xunta: el Estado adquirió el pazo por usucapión extraordinaria (que requiere un plazo de 30 años) dado que hay pruebas documentales de que se mantuvo con fondos públicos durante toda la dictadura. Este experto considera que el propio Franco habría admitido de forma tácita que el pazo era patrimonio estatal al no haber considerado necesario autorizar las obras que el Estado realizó durante toda la dictadura en la propiedad y que iban mucho más allá de las dirigidas a garantizar la seguridad del jefe de Estado e incluían reformas en todas las dependencias, mejoras de abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico y obras de puro ornato.

Como el resto de los peritos e historiadores, Busto Lago afirmó que el tratamiento que el Estado dio al pazo de Meirás fue idéntico al Palacio del Pardo. Este experto matizó además que la que demanda se limita únicamente a las fincas sobre las que se levantan As Torres y no a las que acogía la explotación agropecuaria cuyos rendimientos, según los Franco, habrían sido tributados por el dictador.

Nuevamente, salió a colación la existencia de dos escrituras de compraventa, una de 1938 en la que adquiría el inmueble la Junta Pro Pazo y otra de 1941 por la que Franco inscribió la propiedad a su nombre. Para los abogados de la familia solo la segunda sería válida, mientras que las administraciones ven en la primera la prueba de que la segunda fue un negocio simulado para inscribir As Torres a nombre de Franco.

"La diferencia entre Franco y el Estado es cero"

La vista acogió también la declaración de un historiador que participó en la redacción del informe de expertos de la Xunta, Emilio Grandío. Este catedrático de Historia Contemporánea abundó en la tesis mantenida por sus compañeros durante la jornada anterior: la imposibilidad de distinguir entre la esfera pública y la privada en una dictadura. "Franco era la personificación del Estado, la diferencia entre Franco y el Estado es cero", resumió este historiador, tras insistir de forma reiterada los abogados de los herederos del dictador en que el inmueble había sido cedido a Franco a título particular. Emilio Grandío replicó que en todos los documentos se especificaba que se donaba el inmueble a Franco en calidad de "Generalísimo y Jefe del Estado". "La mezcla entre lo público y lo privado era absolutamente notoria, basta recordar que el régimen se denominaba franquista", recalcó.

Este historiador afirmó también que el pazo se adquirió mediante donaciones forzosas y aportaciones de los ayuntamientos. Como el resto de los expertos peritos, negó que en un contexto bélico como el de 1936 pueda colegirse voluntariedad en una suscripción para recaudar fondos, método empleado por el bando sublevado para financiarse. Grandío recordó que en Galicia no hubo propiamente una guerra civil porque fue controlada por los militares en cuestión de semanas. "Todo el mundo estaba vigilado, había miedo a que petasen una noche a la puerta, te sacasen a la fuerza y no te volviesen a ver. El régimen imponía una vigilancia extrema y la gente lo sabía", apuntó este experto, que apeló también a la existencia de "listas negras" de "malos patriotas": "En un clima militar, totalmente invadido por el color caqui, las personas que no participasen en la cuestación popular quedaban señaladas, se ponían en riesgo. Se hacían listas, el control de la población era exhaustivo, toda la sociedad estaba bajo sospecha", abundó este investigador, que negó tajantemente que pudiese hablarse de donación voluntaria en un "clima de desconfianza y miedo".

Los abogados de los Franco replicaron que el carácter coactivo de las aportaciones "es irrelevante" en la causa, aunque insistieron de nuevo en que pudo haber personas que participasen en la cuestación de forma voluntaria, incluso "entusiasta", y preguntaron al historiador si existían datos que estableciesen qué porcentaje de las aportaciones fueron forzosas. "Habría aportaciones forzosas y las habría voluntarias, ¿podría hacer una estimación de porcentajes? ¿Habría españoles que no tuviesen miedo, no?", interrogó uno de los letrado de los herederos del dictador, Antonio Gil. Los abogados de los demandados cuestionaron también la labor de investigación de los peritos historiadores por ignorar si Franco pagaba el IBI y las pólizas de seguro: "¿No investigaron eso?. ¿No podían ir al catastro a verificar quién pagaba la contribución?", preguntó al historiador al tiempo que mostraba un recibo del IBI a nombre de Franco. Grandío replicó que no le constaban pagos, aunque admitió que podía haber datos que desconociesen.

Los Franco apelan a una norma preconstitucional

Otro punto de controversia giró en torno a si el pazo de Meirás es un bien demanial del Estado, y por tanto inalienable e imprescriptible, como argumenta la demanda, o habría perdido esta condición por su desafectación tácita, como defienden los Franco. Los abogados de los herederos del dictador apelaron a un reglamento preconstitucional que recogía esta posibilidad por su abandono por parte de la Administración. Los letrados defendieron que el Estado se desentendió del pazo tras la muerte del dictador en 1975 (pese a que admitieron que un guardia civil hortelano permaneció en la finca hasta 1990) y que, en base a la norma en vigor en aquel momento, habría quedado desafectado automáticamente y perdido su condición de bien demanial, por lo que los herederos del dictador podrían haberse hecho también con su titularidad por usucapión, por su ocupación ininterrumpida durante décadas.

Los Franco apuntaron también a la posibilidad de que el pazo hubiese perdido su condición de bien demanial en virtud de una ley que abre esa posibilidad en casos de degradación de un bien. El segundo declarante, el catedrático en Derecho Administrativo Luis Míguez Macho, desechó ambas posibilidades. Este experto cuestionó que los Franco pretendan valerse de una norma que quedó anulada por la Constitución para arrogarse con la propiedad del pazo y replicó además que, aún en el caso de que se permitiese su aplicación, tampoco se cumplirían los requisitos, dado que el reglamento al que hacían mención los Franco establecía un plazo para la desafectación tácita que no se cumpliría en este caso. Sobre la posible desafectación por degradación, este experto replicó que se trata de una ley que regula espacios naturales.

Visto para sentencia

El caso quedará hoy visto para sentencia tras la exposición de conclusiones. Le corresponderá a la jueza María Canales dirimir quiénes son los legítimos propietarios del pazo transcurridos 45 años de la muerte del dictador.