09 de julio de 2020
09.07.2020
La Opinión de A Coruña

El Superior ordena a Sada pagar 970.000 euros por una expropiación de hace diez años

Rechaza el recurso del Concello y ratifica un auto que instaba a abonar ya el justiprecio de una de las fincas sobre la que se levantó el centro de día y la escuela infantil de Mondego

09.07.2020 | 00:26
Exterior del centro de día de Mondego.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha desestimado un recurso del Concello de Sada contra un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de noviembre de 2019 que ordenó el pago de 970.717 euros por el justiprecio de una de las dos parcelas expropiadas en 2010 para construir la escuela infantil y el centro de día de Mondego. La sentencia, del 27 de mayo y que acaba de trascender ahora, no es firme y el Ayuntamiento puede haber presentado un recurso de casación.

Como ya informó este diario, la Justicia ratificó el pasado año el dictamen del Xurado de Expropiación de Galicia de 2016 que multiplica prácticamente por siete el coste de los terrenos que ocupan este equipamiento municipal, que fue ejecutado por el Concello de Sada durante el gobierno bipartito con fondos del Plan E (más conocido como Plan Zapatero).

El Ayuntamiento expropió los terrenos por 186.000 euros en virtud de la tasación efectuada por los técnicos. El Xurado de Expropiación elevó la valoración de las dos parcelas ocupadas para construir los equipamientos. Una de ellas, la que es objeto de este pleito, pasó de 116.00 a 843.000 euros (el propietario reclamaba 1,4 millones) y otra de 70.000 a 459.000 euros (el titular exigía 787.000). El Concello valoró las parcelas como suelo rural sin servicios urbanísticos mientras que el jurado les otorgó la consideración de urbanizadas.

El Concello recurrió la orden del juzgado alegando que al no exigir caución (garantía) se vulneraba la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa al ordenar el pago sin esperar a que se resuelva un recurso que ha presentado contra la desestimación de su solicitud de revisión de oficio presentada ante el Xurado de Expropiación . El Ayuntamiento alegó sin éxito a los "perjuicios irreparables" que podría provocar esta orden.

Los jueces del Alto Tribunal rechazan la argumentación del Concello y dan la razón al demandante, que recordó que el Ayuntamiento ya había reclamado en 2016 la nulidad del acuerdo del Xurado de Expropiación de 2016 y que su petición fue "expresamente rechazada" en marzo de 2017 y que todos sus recursos contra esta resolución inadmitidos. En opinión del demandante, el nuevo recurso contencioso al que apela el Concello "es una nueva reiteración" con la que pretende "dilatar el abono del justiprecio mediante la reiteración de una revisión ya rechazada repetidamente".

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acepta este argumento y argumenta que al tratarse de una cuestión económica, los perjuicios a los que apela el Concello "pueden repararse". El Alto Tribunal impone al Ayuntamiento el pago de 1.200 euros en costas.

Un dilatado proceso

La expropiación de los terrenos para el centro de día y la escuela infantil de 2010 es desde hace diez años blanco de las críticas del partido mayoritario de la oposición, el PP. Los populares criticaron nuevamente el quebranto para las arcas municipales que se derivará de una sentencia que vuelve a ratificar el justiprecio fijado en 2016 y que el Concello se resiste a cumplir. Los recursos se agotan y el PP acusa al Gobierno local de desoír a los habilitados nacionales, que han apelado a la necesidad de prever su cuantía.

La última vez que el Ejecutivo se refirió a la situación de este proceso fue en marzo de 2019, cuando confirmó que el Tribunal Supremo había inadmitido su recurso y recalcó que la resolución no ponía fin al proceso. "Los servicios técnicos y jurídicos están estudiando la estrategia municipal", explicaban entonces. El BNG, que gobernaba con el PSOE cuando se expropiaron los terrenos defendió en varias ocasiones que no fueron los políticos los que tasaron los terrenos, sino los técnicos. "El Concello no es una feria, se pagó lo que determinaron los técnicos", defendía hace un año la edil Isabel Reimúndez, que recalcó que si se expropió el suelo fue "porque el PP en veinte años no hizo esas dotaciones" y que se trata de dos servicios muy necesarios.

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