El Gobierno local de Arteixo solicitará a la Audiencia Nacional en las próximas semanas que continúe con el proceso judicial y dicte sentencia sobre el peaje de Pastoriza y la prolongación del acceso a Langosteira, la bautizada como "cuarta ronda" por el PP coruñés en 2014, al negarse el Gobierno central a negociar de ningún modo el acuerdo extrajudicial planteado por el Concello y la Consellería de Infraestruturas para resolver esta demanda antes de que hubiese un fallo judicial. Así lo confirmó ayer el alcalde, Carlos Calvelo, que explicó que se reunirá con los "abogados" para presentar esta petición.
Ahora, si el Ejecutivo central no realiza un inesperado cambio de postura, quedará por conocer la sentencia de la Audiencia Nacional, que ya celebró la vista con las dos partes el pasado otoño.
La Xunta solicitó en noviembre la suspensión temporal del curso del juicio para que el Ministerio de Fomento (ahora denominado de Transportes) dispusiese de tiempo para pronunciarse sobre el acuerdo extrajudicial propuesto por el propio Gobierno gallego y el Concello de Arteixo, que supondría la renuncia al proyecto de la prolongación del acceso viario a Langosteira (cuarta ronda) y la eliminación del pago en el primer tramo de la AG-55. El Gobierno central rechazó en febrero la propuesta al entender que "el acuerdo planteado entre Administraciones es claramente lesivo" y causa un importante "quebranto" al Ministerio "al suponer una inversión estimada en 138 millones de euros" en obras y en la liberalización de la vía. Poco después de aquello estalló la crisis sanitaria, lo que paralizó el proceso.
El Concello informa de que los plazos procesales se reanudaron esta semana y que es el momento de pedir a la Audiencia Nacional que siga el juicio con el dictado de la sentencia.
En la respuesta presentada ante la Audiencia Nacional, el Estado afirmaba que dispone de un estudio de hace seis años en el que calculó que la eliminación del peaje asciende a 61,4 millones de euros, frente a los 19 del convenio que proponen la Xunta, titular de la concesión, y Arteixo. El Gobierno también defendía que la cuarta ronda, una carretera de 2,9 kilómetros, es "funcionalmente necesaria, económicamente eficiente y ambientalmente sostenible".
