Vecinos de Sada y su exalcalde, el guardia que se encargó del pazo de Meirás hasta 1990, un funcionario del Concello de A Coruña, los investigadores y autores del libro sobre el pazo, el presidente y varios miembros de la comisión de expertos que elaboró el informe para sustentar la demanda del Gobierno contra la familia Franco y peritos (no acudió, por su avanzada edad, el que fue secretario de Carmen Franco), han declarado durante cuatro días, desde el lunes hasta ayer, en el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de A Coruña.
En esta Sala se ha celebrado un juicio sin precedentes por la naturaleza del bien, su complejidad y unas implicaciones que se inician hace setenta años pero con consecuencias aún hoy en día, con un pazo en manos de los herederos del dictador, que lo pusieron a la venta en un portal inmobiliario por ocho millones de euros (al igual que acaban de hacer esta semana con otra propiedad, la Casa Cornide en A Coruña).
La Defensa de los herederos se basa en el pago de los recibos de la contribución del pazo, que los herederos han sufragado rehabilitaciones y otras obras en el inmueble desde los años noventa, y en la desafectación tácita y en que desde 1990 el Estado nunca hizo nada allí ni reclamó la titularidad.
Las Administraciones Públicas defienden que el Estado es el propietario por usucapión extraordinaria, porque se encargó de forma continuada de la gestión y todo tipo de obras en el inmueble hasta 1975, más de treinta años, y porque la escritura de 1938 de la donación, hallada aún hace poco, invalidaría la escritura del 41, la de la compraventa, que sería "simulada".
La jueza determinará quién se queda con el pazo.
