No hubo sorpresas. El pleno de Sada rechazó ayer con los votos de los tres grupos que componen el Gobierno local (Sadamaioría, BNG y Alternativa dos Veciños) la propuesta de PP y PSOE de someter a consulta popular el derribo de la cafetería El Náutico. El Ejecutivo, que ya consignó una partida de 207.000 euros, para reducir a escombros esta construcción ilegal autorizada en 1987 por el gobierno de Ramón Rodríguez Ares se mantiene firme en su decisión de demoler un edificio "que nunca debió existir", con un " importante impacto paisajístico" y que "simboliza la corrupción y el urbanismo salvaje".

El Gobierno local defendió que la consulta ya se celebró en mayo del pasado año (en alusión a las elecciones municipales) y aprobó una enmienda a la propuesta de socialistas y populares para determinar con los correspondientes procesos de participación pública la reordenación del borde litoral, incluida la posible instalación de un área de piscinas, una vez demolido El Náutico.

PP y PSOE defendieron que se trata de un edificio "cien por cien municipal" desde el rescate de la concesión en el gobierno del popular Ernesto Anido y, aunque admitieron que El Náutico carece de título habilitante, apuntaron que la sentencia que instaba a su derribo "caducó" por lo que, entienden, no existe ningún obstáculo para proceder a su legalización parcial y destinarlo a usos sociales. En sus respectivas intervenciones, la popular Soraya Salorio y la socialista María Pardo apelaron al coste para las arcas municipales de su demolición y a la "carencia" de equipamientos públicos en Sada. Los dos grupos afearon al BNG que cambiase de postura tras defender en el pasado mandato la legalización parcial.

La nacionalista Isabel Reimúndez defendió nuevamente que cedió en este punto para alcanzar un acuerdo de gobierno. "Somos leales", incidió. El alcalde, Benito Portela, apeló al impacto de este edificio, que "lleva 28 años sin amparo legal", en un entorno "privilegiado", recordó que la propia Xunta se opuso a su legalización, que un proyecto cifraba en casi 500.000 euros, extremo en el que incidió también Alternativa dos Veciños.