Casi la mitad de las trabajadoras del servicio de limpieza de los parques de bomberos de la provincia de A Coruña, han acudido a los tribunales para exigir su subrogación en la empresa que ha resultado adjudicataria del servicio tras el rescate de la concesión. Son cuatro de las nueve empleadas las que se niegan a firmar un nuevo contrato dado que, afirman, llevaría implícita la renuncia a su antigüedad, que oscila entre los 6 y 15 años.

Se trata de las trabajadores que prestan servicio en los parques comarcales de Arteixo, Santa Comba, Cee y Ribeira. Su reivindicación cuenta con el apoyo de los efectivos contraincendios, que tras años de protestas han logrado que Xunta y Diputación rescaten este servicio básico y esencial que, desde el pasado 1 de enero, depende directamente del Consorcio Provincial da Coruña para a Prestación do Servicio Contra Incendios e Salvamento.

No ha pasado lo mismo con el servicio de limpieza. Las trabajadoras afectadas relatan que se negaron a firmar un nuevo contrato porque tienen derecho por convenio a su subrogación y denuncian que, pese a que el nuevo contrato mejoraría sus condiciones dado que amplía su jornada, firmarlo les obligaría renunciar implícitamente a su derecho a ser subrogadas y conservar así los derechos inherentes a su antigüedad.

Afirman que tienen que soportar "presiones" por su negativa a firmar el nuevo contrato, e incluso un despido “como represalia” que la afectada ya ha recurrido en los juzgados.Las cuatro trabajadoras defienden que su derecho a ser subrogadas aparece recogido en el escrito que les remitió la anterior concesionaria, Veicar, a finales de 2019 para informarles de que la concesión finalizaba el 31 de diciembre y que, “como establece la normativa vigente”, pasarían a ser trabajadoras del Consorcio Provincial Contraincendios.

Este diario intentó sin éxito recabar la opinión del gerente del Consorcio Provincial da Coruña para a Prestación do Servicio Contra Incendios e Salvamento, José Luis Barca. La empresa que gestiona ahora el servicio, Maxima Full Services defiende que el pliego no recogía la subrogación de las trabajadoras y que preguntó por este extremo al Consorcio y que le dijeron que no era obligatorio. La Diputación ha declinado pronunciarse en este conflicto.