19 de septiembre de 2020
19.09.2020
La Opinión de A Coruña

Una jueza avala la convocatoria para cubrir once plazas de operarios de basura de Arteixo

Un trabajador del servicio que había sido contratado antes de forma temporal recurrió, sin éxito, el proceso de selección para asignar en propiedad estas vacantes

19.09.2020 | 01:27
Camión de basura de Arteixo.

El proceso de selección que el Concello de Arteixo inició a principios de años para cubrir como definitivas once plazas de conductor para el servicio de recogida de basura se realiza conforme a la legalidad. Esta es la conclusión a la que ha llegado la jueza del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de A Coruña, que ha desestimado un recurso que fue presentado por un trabajador del servicio que había sido contratado anteriormente dentro de la convocatoria para un contrato temporal de un año. En él se pedía la anulación de la convocatoria.

"Es la propia jurisprudencia la que avala la actuación del Ayuntamiento de cubrir las plazas ocupadas temporalmente a través de un procedimiento de selección", afirma la magistrada en su fallo después de analizar la petición realizada en el recurso. La juez, además, señala que "no se aprecia vulneración de los principios legales de no discriminación y del derecho a participar en asuntos públicos recogidos en la Constitución española.

En la sentencia se condena a la persona que recurrió al pago de las costas con un límite máximo de 400 euros. La resolución es recurrible. En enero de este año el Ayuntamiento inició el proceso de selección de estas onces plazas. Entonces explicaba que se pretendía cubrir con carácter definitivo, después de que el año pasado contratara a trabajadores por un periodo de un año "por las exigencias legales". El Gobierno local defendía entonces que la convocatoria supone "un paso más en el proceso de municipalización del servicio, que vivió su principal cambio con la instalación en 2018 de las nuevas isletas que favorecen el reciclaje de las cinco fracciones principales de residuos". Recordaba que el año pasado se aprobó fijar la tasa anual en 96 euros, frente a los 125 euros anuales que se pagaban en 2018.

Por otro lado, la Xunta tras una una inspección laboral del Ministerio de Trabajo, ha impuesto una sanción de 626 euros por una infracción consistente en la que el Concello "ha transgredido la normativa sobre modalidades contractuales mediante su utilización en fraude de ley o respecto a personas, finalidades, supuestos y límites temporales distintos" previstos en la normativas.

El Ejecutivo local asegura que se trata de "un defecto formal" por el plazo que se puso, que es hasta que la plaza se cubra de forma definitiva. Este último proceso pendiente de iniciarse.

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