24 de septiembre de 2020
24.09.2020
La Opinión de A Coruña

Un juez ordena a Betanzos aplicar el convenio colectivo al personal de los talleres de empleo

Da la razón a una trabajadora que denunció diferencias salariales injustificadas y condena al Concello a resarcirle por el dinero que dejó de percibir - La CIG se congratula del fallo

24.09.2020 | 01:31
Un juez ordena a Betanzos aplicar el convenio colectivo al personal de los talleres de empleo

El Juzgado de lo Social número 4 ha condenado al Concello de Betanzos a resarcir a la trabajadora de un taller de empleo que cobró por debajo de lo que establece para su categoría el convenio del personal laboral. El juez rechazó los argumentos del Ayuntamiento y concluyó que los empleados de estos obradoiros de formación tienen derecho a percibir el mismo sueldo que el personal laboral de su categoría.

La demandante prestó servicios como peón a través de un contrato de formación con una duración de nueve meses entre 2018 y 2019. El contrato establecía una jornada de ocho horas diarias de lunes a viernes, un sueldo de 735 euros mensuales y dos pagas extra al año. El convenio colectivo del personal laboral de Betanzos recoge para esta categoría un salario superior, de 969 euros en 2018 y de 991 euros en 2019.

El Concello alegó que en este caso no resultaba de aplicación el convenio colectivo porque la contratación de la demandante estaba vinculada a una subvención autonómica para un taller de empleo y que no podía considerarse que, en este caso, fuese el Concello el empleador.

El juzgado no aceptó este argumento dado que, apuntó, el contrato acredita que fue el Concello de Betanzos el que contrató a la demandante. El juez argumenta que el Estatuto Básico del Empleado Público establece que es personal laboral todo aquel que preste servicios retribuidos por las administraciones y que la ley establece que el sueldo del trabajador contratado para formación se fijará de acuerdo a lo establecido en el convenio colectivo. El magistrado incide en que el convenio de Betanzos estipula que se aplicará a todo el personal que preste servicios al Concello, por lo que concluye que es "evidente" que resulta de aplicación, dado que no se recoge ninguna regulación específica para los trabajadores de talleres de empleo. El juzgado condena al Concello a pagar la diferencia entre el salario percibido y el que debería haber cobrado: 1.270 euros más intereses de demora.

La Confederación Intersindical Galega (CIG) se congratuló de este fallo y criticó al Concello por ignorar sus advertencias durante años. La CIG informa además de que otros trabajadores de talleres de empleo han recurrido también a los juzgados.

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