El temor a un contagio desde el inicio de la pandemia del coronavirus ha provocado que un millar de usuarios se hayan dado de baja en estos meses entre las cuatro piscinas municipales de Oleiros: A Fábrica, Perillo, Oleiros y Dorneda. Todas están gestionadas por la misma empresa, FCC Aqualia SA, que logró el contrato en 2010 y por una década de duración (seis años y cuatro prórrogas de un año cada una). El pasado lunes día 21 terminó este contrato sin posibilidad de ninguna prórroga ordinaria.

La Junta de Gobierno Local de Oleiros acordó conceder una prórroga extraordinaria de tres meses, inicialmente, a Aqualia para compensarla de las pérdidas que ha tenido por el cierre a causa del confinamiento desde marzo hasta junio. Después, además, ha tenido "mil y pico" bajas de usuarios, según confirmó el propio alcalde, Ángel García Seoane, que agregó que "el Concello tiene que asumir ese gasto".

La concesionaria presentó en el Ayuntamiento el pasado 30 de julio un escrito en el que solicitaba que se le restableciese "el equilibrio económico del contrato". El Concello le solicitó que presentase la documentación que demostrara esa reducción efectiva de los ingresos y del aumento de los gastos entre el 13 de marzo y el 25 de junio, pues en el primer escrito que presentó no los justificaba (comparando con 2019).

El Ejecutivo local de esta forma tramita una "primera prórroga de tres meses", mientras se trata de determinar la cantidad exacta de las pérdidas.Los técnicos municipales ya apuntaron que los beneficios de tres meses más de contrato no compensarán las pérdidas de la empresa.

El Concello ya tendría que tener ahora en licitación la nueva concesión de los cuatro complejos deportivos (incluyen piscina y gimnasios), pero la tramitación también tuvo demoras por la crisis sanitaria.La prórroga a Aqualia también permitirá que mientras tanto los usuarios puedan seguir usando las instalaciones.

Aqualia solicitó el 30 de marzo pasado en el registro una petición de suspensión del contrato ante la imposibilidad de continuar prestando el servicio en las piscinas tras el confinamiento, una suspensión que se acordó por decreto municipal el 1 de abril, ratificado en Junta de Gobierno el 26 de mayo. Esta suspensión se levantó el 23 de junio.

Los técnicos municipales han destacado que la Ley de Contratos no permitiría una nueva prórroga pero ante la situación excepcional que se vive es necesario aplicar una normativa específica y de forma "flexible", protegiendo "el interés público".