El Tribunal de Cuentas , en un auto del pasado jueves, acuerda decretar el archivo de las diligencias preliminares abiertas tras la denuncia del Ayuntamiento de Oleiros sobre supuestas "irregularidades" en materia de personal en el Consorcio As Mariñas. El Concello considera que como el Consorcio está adherido a Oleiros por ser el de mayor población, debían ser los habilitados nacionales de este municipio, interventor y secretaria, los encargados de fiscalizar las cuentas y actividad de este organismo supramunicipal, y no los funcionarios de Abegondo y Cambre.
El Consorcio solicitó el archivo de la denuncia y Oleiros reclamó el nombramiento de un delegado instructor. El Ministerio Fiscal, tras estudiar la documentación y alegaciones de las partes, solicitó él mismo archivar la denuncia, y el Tribunal de Cuentas (con firma de la consejera Margarita Fiscal de Gante, exministra de Justicia del primer gobierno de José María Aznar) le ha dado la razón.
Oleiros denunció que se había incumplido la legislación en materia de Consorcios pues los habilitados nacionales de este organismo no eran los del concello de adscripción (el secretario es de Abegondo y el interventor de Cambre), lo que ocasionaría "graves perjuicios" al Concello oleirense a la hora de cumplir con la obligación de remitir la información de las cuentas al Estado.
La Fiscalía, tras ver la documentación, considera acreditada la "ausencia de perjuicio en los caudales públicos". El Tribunal de Cuentas se ciñe a determinar si hay o no daño al erario en caso de que sean los funcionarios de Abegondo y Cambre no los de Oleiros los que realizan la fiscalización.
El fiscal subrayó que en la denuncia las irregularidades "no se concretarían" y el Tribunal de Cuentas "solo puede pronunciarse sobre hechos concretos de responsabilidad" pero no puede iniciar "una investigación para determinar posibles responsabilidades contables que no han sido concretadas". Añade que los hechos "han quedado suficientemente esclarecidos" sin apreciar "responsabilidad contable por alcance".
Oleiros anunció en 2018 el contrato de una auditoría de las cuentas del Consorcio y este órgano pidió la revisión o anulación de dicha auditoría, pero el Consello Consultivo de Galicia en 2019 lo desestimó y dio la razón al Ejecutivo oleirense.
