El recurso que los herederos del dictador Francisco Franco han presentado ante la Audiencia Provincial contra la sentencia que les obliga a devolver al Estado As Torres de Meirás contiene un relato de los hechos que rodearon la adquisición y mantenimiento del pazo muy diferente al ofrecido por los historiadores en la vista, que el juzgado de primera instancia ha considerado probados.
En su recurso de 140 páginas, en el que no se menciona ni una sola vez la palabra "dictadura", los descendientes del militar golpista intentan desmontar el relato de los hechos entre 1938 a 1975 que detalla la sentencia, que tachan de "notoriamente parcial, sesgado y tendencioso" . En su réplica, no tienen cabida las donaciones forzosas, la recogida de fondos puerta a puerta o las amenazas de "listas negras de malas patriotas" para adquirir el pazo. Son, dicen, datos "irrelevantes" para la causa que no pueden probarse dado el tiempo transcurrido. "Fueran más o menos voluntarias, el dinero habría salido del bolsillo de ciudadanos anónimos que no son parte en el presente procedimiento", arguyen.
Los abogados de los Franco evitan referirse también a las aportaciones de fondos públicos para la compra de este inmueble, documentada por los historiadores, e insisten en que el dinero, si bien "no salió del bolsillo de Don Francisco Franco" , tampoco salió de la Administración General del Estado.
Los descendientes del dictador afirman tajantes que todas las partes implicadas en este proceso querían "regalar" el pazo a Franco a título particular y no en calidad de "Jefe del Estado", "Generalísimo de los Ejércitos y jefe del Estado Nacional", "Glorioso Caudillo" o "Fundador del nuevo imperio", a pesar de que esos eran los títulos que acompañan el nombre del dictador en los documentos de la época que daban cuenta de la entrega de As Torres: "La intención de quienes participación fue la de procurar una transmisión dominical a Don Francisco Franco sin más", afirman en el recurso y argumentan: "Si preguntáramos a todos los españoles mayores de edad quién o quién era El Caudillo, no habría una sola persona que respondiese algo distinto de Franco", argumentan al tiempo que especulan con un final distinto de la Guerra Civil y si, en ese caso, se "habría llevado a cabo la transmisión": "¿es mínimamente creíble que la señora Esteban Collantes [nuera de Emilia Pardo Bazán y propietaria del pazo en el momento de la venta] tuvieran tal intención cuando su marido y su hijo habían fallecido a manos del bando republicano?", se preguntan, aunque evitan especular sobre si la viuda habría tenido esa predisposición hacia Franco a secas, despojado de títulos.
Los Franco defienden la validez de la escritura de 1941 mediante la cual el dictador adquirió la propiedad por 85.000 pesetas, un precio notablemente inferior al real. Admiten que hubo un acuerdo anterior, de 1938, por el que el inmueble se vendió por 460.000 pesetas a la Junta Pro Pazo del Caudillo, pero alegan que carecía de validez porque la propietaria carecía todavía del titulo sucesorio y por no poder considerarse a la Junta Pro Pazo una persona jurídica.
Según su versión, el acuerdo de compraventa de 1941 que la jueza ha anulado al entender que se trató de un negocio simulado para inscribir el pazo a nombre de Franco es legal. Solamente reconocen una "simulación relativa" para "subsanar las elementales omisiones de que adolecía la escritura de 1938" y "sobre todo", para "posibilitar que Franco deviniese propietario del inmueble" y, "cumplir la voluntad" expresada por todas las partes. Reconocen que Franco no pagó nada y que el precio de venta que recoge la escritura no era el real, pero argumentan que se hizo para "abaratar su coste fiscal", una artimaña que tratan de justificar por la "trascendencia impositiva de esta operación para con la propia parte vendedora".
Los descendientes del dictador también admiten que durante toda la dictadura el Estado asumió el coste del mantenimiento y reformas del inmueble y ampliaciones de la finca, pero sostienen que solo sufragó los gastos relativos a su uso como residencia oficial, a pesar de que los historiadores desgranaron gastos tan nimios como tabaco o unas medias para Carmen Polo. Franco, recalcan, pagó el IBI y las pólizas de seguro, extremo que la jueza no considera probado.
Ya en democracia, afirman los descendientes del dictador, ocuparon el pazo de manera "pacífica". Minimizan las reivindicaciones, iniciativas y movilizaciones para exigir la devolución del pazo, que comenzaron en 1977, incluida una moción de 1983 del Ayuntamiento de A Coruña, y que se intensificaron a partir de 2004, como detalla la sentencia de instancia. Fueron, dicen. un "grupo de ciudadanos", por razones "tipo ideológico," no jurídicas"
